El Parlamento uruguayo aprueba la ley para cerrar Casa de Galicia ante las protestas de socios y trabajadores de la entidad

Mientras que el sindicato de trabajadores de Casa de Galicia afirmó que “la semana que viene van a saber cual es el proyecto y quien será el inversor” que rescate a la mutua gallega, todos los partidos políticos uruguayos modificaron y aprobaron el proyecto de ley enviado por el presidente Lacalle Pou para acabar con ella, repartir socios y empleados, para buscar dejar al hospital en el sistema integrado de salud, aunque sin satisfacer los intereses de afiliados y empleados. El sábado 12 la asamblea de socios de la centenaria mutua gallega resolverá presentar un recuro de inconstitucional de dicha ley, entre otros puntos.

Al mismo tiempo que el sistema político uruguayo cerró filas tras la decisión del poder ejecutivo que preside Luis Lacalle Pou acerca de la situación de la mutua fundada en 1917 y que es la de mayor cantidad de socios en la diáspora gallega, los trabajadores de esta mantenían una huelga de hambre y pidieron en reuniones con todo el espectro político uruguayo y el Gobierno que esperaran hasta el 15 de febrero para presentar el proyecto del inversor que se comprometió a rescatar Casa de Galicia.

Pero el pasado 8 de febrero en la Cámara Alta del Parlamento, solamente dos senadores del partido del presidente, Sergio Botana y Juan Straneo, votaron en contra de este aduciendo el primero en un extenso alegato que “el estado va a terminar pagando 40 millones de dólares”, puntualizando que “se podía haber tomado el camino de la reestructura con un costo diez veces menor”.

Botana alertó sobre “la incertidumbre en qué condiciones van a quedar los socios, los trabajadores y los médicos de Casa de Galicia” precisando que también “está toda la historia de esa institución, desde el punto de vista médico y cultural, que no son temas menores”.

El exintendente del departamento de Cerro Largo, donde naciera la poetisa Juana de América hija de un emigrante de Lorenzana (Lugo), Vicente Fernández, sostuvo que la solución que el sistema político le ha dado a Casa de Galicia “no me pareció nada bueno. Acá se están repartiendo las pilchas (ropas en lenguaje gauchesco) antes de que el difunto esté muerto. Estos es lo que está sucediendo”, aseguró Botana.

Pero la ley fue promulgada en la Cámara de senadores la mañana del martes 8 de febrero, pasando a ser tratada en Cámara de diputados esa misma tarde. Allí, cuando finalmente solo el diputado César Vega, único representante del partido Ecologista Radical Intransigente, no votó la ley, los trabajadores y algunos socios que ocupaban los balcones de la cámara, comenzaron a gritarles “traidores” y “gracias por tomarnos el pelo”, lo que provocó que fueran desalojados del recinto parlamentario.

La solución es rechazada por quienes pretende beneficiar

Si bien en esta ley, consensuada por todos los partidos políticos uruguayos, se contempla una solución a parte del personal de la mutua gallega, restando menos de un tercio que estarían en paro hasta tanto se les coloque en el sistema sanitario privado, también prevé una distribución de los 43.000 socios que se les descuenta su cuota mensual del salario o jubilación, quienes por dos años tendrían solamente la posibilidad de acceder a cuatro instituciones médicas entre las que no se encuentra la Asociación Española, la otra mutua con la que el Gobierno central español tiene convenio para que emigrantes de escasos recursos reciban la atención médica gratuita.

A esto debe agregarse que muchos socios no tendrán en la nueva institución sanitaria la posibilidad de tratarse con los médicos que hasta el momento tenían en Casa de Galicia, sumado a la situación que están viviendo gran cantidad de afiliados que no están recibiendo los medicamentos especiales que la mutua gallega les proporcionaba con el pago de un ticket diferenciado, por lo que algunos debieron comprarlos en la farmacia a un precio sensiblemente mayor, y otros, sin dinero, no pudieron acceder a ellos produciéndose casos de agravamientos de enfermedades crónicas por dicha causa.

Nuevas asambleas

Este viernes 11 y el sábado 12 se realizarán dos asambleas que marcarán el rumbo de la lucha que procura mantener funcionando a la mutualista fundada en 1917 por el emigrante de Baiona, José María Barreiro, con la finalidad de brindar recreo, beneficencia y asistencia médica colectiva a sus paisanos que llegaban por miles a Montevideo.

El viernes se celebra la asamblea del sindicato de los trabajadores el que discutirá y comunicará las resoluciones al ministro de Salud Pública y al de Trabajo de Uruguay, en tanto el sábado se levantará el cuarto intermedio de la asamblea general de socios, donde casi todos los trabajadores también participan porque son afiliados, debatiéndose allí el iniciar un recurso de inconstitucionalidad a la ley votada en el Parlamento.

El abogado Juan Ceretta, que el día 12 de febrero estará en la asamblea, afirmó que esa ley “por el contenido, vulnera por distintas razones la Constitución”, particularmente los derechos de los dueños de Casa de Galicia, sus socios.

Precisó que “se vulnera la libertad de elección de cualquier integrante del Sistema Nacional Integrado de Salud, cuando tiene la opción de optar por un prestador de salud. Acá se están restringiendo las opciones. También se vulnera el principio de igualdad, en tanto los demás usuarios de Fonasa han podido elegir siendo un elenco mucho mayor al que se ha establecido ahora”, clarificó Ceretta.

Asimismo, mencionó la interferencia entre poderes del estado que provoca este proyecto, porque todavía está pendiente en el Tribunal de Apelaciones el expediente judicial sobre el cese de actividades de Casa de Galicia: “Si bien no sabemos el resultado y puede ser que el resultado confirme la resolución de primera instancia, es una incógnita lo que va a ocurrir. Pero sin perjuicio de que esto ocurra, en el expediente judicial de Casa de Galicia faltan muchísimas cosas por hacer”, argumentó el abogado recordando que el juez recién hará una junta de acreedores en el mes de mayo y sin embargo el Gobierno está cerrando la mutua gallega en marzo.

Por otra parte, el miércoles 9 de febrero, Afuncag (sindicato de trabajadores de Casa de Galicia) brindó una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Alejandra Marino y Daniel Albarenga, los dos empleados que venían haciendo una huelga de hambre desde el 25 de enero, comunicando allí Marino, presidenta del sindicato, que tomaron la decisión porque “consideramos que los compañeros nos necesitan activamente en la mesa”, sin descartar volver a hacerla en el caso de ser necesario.

Presentación del proyecto de rescate

También habló con la prensa la dirigente Patricia Pérez quién anunció que la próxima semana darán a conocer el proyecto para salvar a Casa de Galicia. “Además de dejar a la mutualista sin deuda, el inversor dará un dinero extra para sostener la institución”, aseguró la integrante de la directiva de Afuncag.

Lamentó el proceder del sistema político explicando que “hace mucho, posterior a la reunión que tuvimos en la Torre Ejecutiva con varios actores políticos, ellos sabían de la inversión”, pero el ministro interino de Salud, José Luis Satdjian, les dijo que no podían esperar los tres meses que pidió el inversor para presentar el proyecto, pero Pérez le recordó que el juez recién en mayo llamará a la junta de acreedores, “así que tiempo había”.

Igualmente, la semana pasada le pidieron hasta el 15 de febrero para presentar el proyecto de inversión “y, aún así, la ley se votó”, enfatizando que la vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón, “dijo en el Parlamento que, si el inversor aparecía, se volvía a votar para derogar lo aprobado”.

Finalmente, Pérez también mostró una gran disconformidad con los actores políticos, recordando que en la última de las reuniones entre el sindicato, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud Pública, se planteó crear una comisión con Afuncag, un grupo de socios, el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), pero que “no se pudo concretar porque el Ministerio de Trabajo consideró que la participación de los socios sería una complicación”.