La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, calificó el pasado 22 de octubre la Lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utiliza os recursos naturais de Galicia, aprobada ese día en el Parlamento, como “la mayor reforma en materia industrial y energética de los últimos años” en la Comunidad Autónoma.
“Hoy es un día muy importante para Galicia”, dijo la conselleira al final del debate. “Es una ley que nos sitúa al lado de las primeras economías y que prevé que los beneficios de los recursos naturales repercutan en los gallegos. Una ley -ahondó-, que va a permitir avanzar en la descarbonización de Galicia, en el autoabastecimiento y que va a generar un crecimiento industrial y energético importantísimo en esta legislatura y en las siguientes”.
“En Galicia tenemos suerte porque en este momento de revolución industrial tenemos todos los elementos para posicionarnos en Europa y, para eso, es necesario tener una legislación adaptada y que permita hacer uso de los recursos naturales, con pleno respeto al territorio, pero redundando en empleo y en desarrollo económico”, aseguró, para apuntar que la Xunta seguirá trabajando ahora en una planificación acorde con esa legislación.
La Lei de recursos naturais está alineada con los objetivos del informe Dragui sobre El futuro de la competitividad europea, y viene a demostrar que Galicia cuenta con las condiciones óptimas para poner en marcha muchas de las medidas que Europa pretende impulsar para su modernización y crecimiento. La norma va a permitir reducir la dependencia energética del exterior; acelerar el despliegue de las renovables para poder abaratar el precio eléctrico; democratizar y multiplicar los acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA); desacoplar los costes de la electricidad de la cotización de los fósiles; combatir el cambio climático y, sobre todo, poner en valor los recursos autóctonos.
Con unos principios y con unas bases muy claras, se trata de aprovechar los recursos naturales con la máxima protección al medio ambiente, buscando que los beneficios generados se queden en Galicia y que sea aquí donde generen riqueza.
La ley entiende por beneficios sociales y económicos, entre otros, la mejora de las condiciones de vida de las zonas ubicadas en el ámbito de influencia de los proyectos; su protección, mantenimiento y mejora ambiental; la promoción de nuevas inversiones y, en particular, de mecanismos de reinversión de los beneficios; el fomento de la creación de empleo; la participación en los proyectos de inversores locales y de empresas y administraciones de las zonas en que se situará la instalación; y la reducción de los costes de la energía y la reducción de la dependencia energética de las personas consumidoras locales e industriales.
Proyectos eólicos ante la Justicia europea
La Xunta participará en el procedimiento de consulta iniciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la tramitación de los proyectos eólicos en Galicia para defender el rigor del trabajo realizado y su adecuación al marco normativo sectorial vigente. Así lo acordó el Consello del pasado 28 de octubre, tal como y explicó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, para intervenir en el procedimiento de consulta prejudicial iniciado por el TSXG y presentará alegaciones para acreditar que las autorizaciones realizadas cumplen los trámites exigidos por la norma vigente con la máxima protección ambiental. Recuerda, además, que la tesis del Gobierno autonómico fue avalada ya por dos sentencias recientes del Supremo sobre el parque eólico de Corme, anulado en su día por la Justicia gallega.
