El Parlamento de Galicia ha aprobado una declaración constitucional por la que demanda al Gobierno de España que ejerza “cuantas acciones políticas, diplomáticas y judiciales sean necesarias” para exigir el total esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de Diego Bello, y “la depuración hasta las últimas consecuencias de cuantas responsabilidades hubiere y también la restauración del derecho al honor” del joven fallecido a manos de la policía filipina.
Familiares de Diego Bello fueron recibidos en el Parlamento gallego por su presidente, Miguel Santalices, y representantes de los grupos políticos.
Según la versión oficial de la policía filipina, Diego era uno de los mayores narcotraficantes de la región y la policía lo mató después de intentar detenerlo delante de su casa a la una de la madrugada, cuando volvía de atender sus negocios. La policía pretendía detenerlo después de que agentes de paisano intentaran comprarle una pequeña cantidad de droga. Según la versión policial, Diego sacó una pistola cuando se enteró de que eran policías y estos se vieron obligados a defenderse, acabando con la vida del joven gallego.
Este relato policial es la única versión que se conoce del hecho. El Gobierno español solicitó a Filipinas que se investigaran las circunstancias y las informaciones dadas por el jefe de policía que autorizó la operación, pero, después de más de un año, el Gobierno filipino sigue negándose a realizar tal investigación, a pesar de haber aceptado en un primer momento llevar a cabo las averiguaciones necesarias, tanto desde instancias judiciales como gubernamentales.
El único organismo que sí llevó a cabo un informe sobre la muerte de Diego fue la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas que, en el mes de agosto del pasado año y después de viajar hasta el lugar de los hechos y de entrevistar a policías, testigos y socios y trabajadores de Diego, llega a la conclusión de que su muerte a manos de la policía fue un asesinato y que la excusa de la defensa propia que alega la policía queda deslegitimada por los resultados de las autopsias que se le practicaron al cadáver de Diego Bello tanto en Manila como en Madrid, y por las pruebas gráficas y las afirmaciones de las testigos, destacando también que la policía no fue capaz de presentar una sola prueba de la relación del joven con el narcotráfico.
Además, en noviembre de 2020, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no de ley en la que se pide al Gobierno español que pida a las autoridades filipinas que lleven a cabo las investigaciones necesarias para determinar el sucedido y que eviten la fuga de los autores de la muerte de Diego.
Hasta el momento las peticiones españolas fueron ignoradas por el Gobierno filipino, “un gobierno que lleva siendo denunciado tanto por la ONU como por la Unión Europea por haber llevado a cabo más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos cinco años” con el pretexto de la guerra contra las drogas, y que está sirviendo para eliminar tanto enemigos políticos como defensores de derechos humanos en Filipinas.
