El pasado 13 de diciembre, el Parlamento aprobó por unanimidad la Ley de Renta de Ciudadanía, que consolida al Archipiélago como una de las pocas comunidades autónomas españolas que garantizan una renta mínima a la población más vulnerable socialmente. La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, recordó que, cuando asumió el cargo, “unas 5.500 personas eran beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción en Canarias; en la actualidad, son 11.924, una cifra que, sumada a las más de 20.000 personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital, implica que el paraguas de protección de la Renta ciudadana podría llegar a más de 50.000 unidades de convivencia”.
La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), además de mejorar las cuantías que reciben las personas beneficiarias con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), más generosa que la actual PCI.
De esta forma, la Ley de Renta de Ciudadanía impulsada por el Ejecutivo canario regula el derecho a la renta de ciudadanía como prestación económica otorgada a la unidad de convivencia, nominativa e intransferible, lo que asegura la cobertura de las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades. Además, establece el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con el fin de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.
Además, la renta de ciudadanía complementa al IMV, en caso de que este no ofrezca la cuantía completa, y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias. Así, se aumentan las cuantías lo que permitirá mejorar la acción protectora sobre la población que más lo necesita. Según establece la Ley, serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, realzó la importancia capital de las dos leyes aprobadas ese día por el Parlamento sobre Cambio Climático y Renta de Ciudadanía, como un salto hacia el futuro y como las normas “más importantes de la legislatura” impulsadas por el Ejecutivo autonómico.
