La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía convalidó ayer el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía, que contó con los apoyos de los grupos Popular, Ciudadanos y Vox, y el rechazo del Socialista y Adelante Andalucía. Además, se rechazó la tramitación de dicho Decreto como proyecto de ley con carácter urgente, como habían solicitado los grupos Socialista y Adelante Andalucía.
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, defendió este decreto apelando a la «situación inédita y de extraordinaria gravedad, de la que no existen precedentes», que se vive actualmente por la pandemia del Covid-19. Velasco ha explicado que el decreto, que «agiliza 21 leyes y seis decretos» y «afecta a un centenar de medidas», ha tenido como punto de partida el trabajo del grupo de expertos, integrado por altos directivos de la Administración, especialistas procedentes del mundo universitario y de la empresa y por funcionarios cualificados, designados por la Junta para evaluar la normativa reguladora.
También se convalidó el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, y de agilización de actuaciones administrativas para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus; así como el 5/2020, de 22 de marzo, que modifica al anterior. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, destacó, entre las medidas recogidas en el Decreto-ley, que la Junta ha ampliado el plazo de presentación y pago de los impuestos autonómicos tres meses, de manera que los ciudadanos no tendrán que preocuparse de esta gestión hasta el mes de septiembre. Una actuación con la que el Gobierno insuflará 270 millones de euros en la economía andaluza.
En tercer lugar, el Pleno convalidó el Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a escuelas-hogar y a centros de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Este decreto ley contempla una subvención para centros de educación infantil de 0 a 3 años adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en esta etapa, con el objetivo de mantener la red de estos centros durante el confinamiento decretado por el Covid-19. Se trata de una ayuda de 180,2 euros por alumnos, en régimen de concurrencia no competitiva, con lo que «se cubre algo más del 86 por ciento de la cuantía mínima» necesaria para sostenerlos.
Tras el apartado legislativo, la Diputación Permanente asistió a las comparecencias de los consejeros de Salud y Familias, Jesús Aguirre; de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, todos ellos para informar acerca de las medidas adoptadas por sus respectivos departamentos ante la situación actual ocasionadas por el Coronavirus Covid-19.
