El Parlamento catalán aprobó el 12 de noviembre, con los votos de los tres grupos secesionistas, una moción presentada por la CUP que “expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán”. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, avanzó a primera hora el debate y la votación para adelantarse a la reunión del Tribunal Constitucional y evitar así la desobediencia.
Desde el día anterior, y durante 30 horas, Tsunami Democràtic llevó sus protestas contra la sentencia del Supremo en el juicio a los líderes del ‘procés’ hasta la frontera con Francia en La Junquera (Girona) e Irún (Guipúzcoa), donde recibió el apoyo de independentistas vascos. El despliegue policial de más de 1.100 agentes franceses, de los Mossos, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil fue incapaz de evitar el colapso de las comunicaciones terrestres. La Gendarmería francesa no llegó a cargar, pero utilizó gas irritante contra los manifestantes.
Por su parte, el expresident Carles Puigdemont presentó el 14 de noviembre en Waterloo (Bélgica) -donde está huido- la nueva delegación de su Consejo por la República en Perpiñán, en lo que ellos llaman la Cataluña Norte, los territorios del sur de Francia donde se habla catalán. Según el exconseller Toni Comín –huido también a Bélgica-, servirá de “retaguardia” y brindará “apoyo a muchas de las movilizaciones que se hacen desde Cataluña”.
Asimismo, la Justicia belga dejó en libertad provisional el 7 de noviembre a Comín y al también exconseller Lluís Puig, y la Justicia escocesa hizo lo mismo el 14 con la exconsellera Clara Ponsatí, a la espera de una próxima resolución definitiva de sus procesos de extradición. Lo mismo había pasado el 18 de octubre con Puigdemont.
Finalmente, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró el 12 de noviembre que el secretario general de ERC, Oriol Junqueras, adquirió la condición de eurodiputado desde la proclamación de los resultados electorales y, por lo tanto, debería haber gozado de inmunidad parlamentaria. Ahora el TJUE debe dictar sentencia. Si lo hace en el mismo sentido en el caso de Puigdemont y Comín, no podrían ser juzgados sin pedir al Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad.
