El Ministerio de Salud uruguayo denunció penalmente a toda la junta directiva presidida por Alberto Iglesias por “múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución”.
También se retiró la intervención, como pedía la justicia, y es ahora el síndico o administrador concursal designado quien está al frente de la administración, mientras el departamento de delitos complejos de la policía uruguaya investiga los archivos de la mutua gallega.
Como recordarán, el pasado 26 de octubre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, decretó la intervención de la mutualista Casa de Galicia “dada la grave situación económica de la institución y ante su inminente impacto sobre el área asistencial”, por lo que fueron nombradas dos interventoras, la contadora Alicia Rossi y la doctora Nuria Santana quienes desplazaron a la directiva presidida por Alberto Iglesias quienes a partir del 27 de octubre ya no pudieron ingresar más a la institución ostentando sus cargos.
Mientras que las interventoras realizaban un diagnóstico, tanto de la situación económico-financiera como asistencial, los trabajadores procuraban mantener sus fuentes de trabajo y, además, continuar cumpliendo con la asistencia a los poco más de 40.000 socios que, a pesar de la crisis, siempre han destacado el trato humano que distingue a los funcionarios de la mutua gallega y que hace la diferencia con otros prestadores de salud.
Al mismo tiempo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, recibía el compromiso del presidente uruguayo, Lacalle Pou, de que “Casa de Galicia tiene que seguir funcionando y seguirá teniendo la asistencia que ha tenido desde el punto de vista nacional, y quizás también desde el punto de vista internacional”.
Sin embargo, el juez Leonardo Méndez que había iniciado el concurso voluntario de acreedores que solicitara Alberto Iglesias el 15 de octubre, designó como síndico al abogado Fernando Cabrera de la Liga de Defensa Comercial, y al mismo tiempo entendió que se está incurriendo en un gasto excesivo para Casa de Galicia tener además del síndico a las dos interventoras, todos ellos cobrando su salario de la caja de la mutua.
De esta forma, el Ministerio de Salud no recurrió la medida del magistrado y el 1 de diciembre las interventoras abandonaron la mutua y ahora es el síndico quien está administrando Casa de Galicia con el control de policía sanitaria del Ministerio de Salud.
Resultados de la intervención
Así pues, durante los 34 días que duró la intervención se adoptaron diversas decisiones, calificadas de trascendentes por el Ministerio de Salud, cuyo titular, Daniel Salinas, solicitó con urgencia ser recibido por la Comisión de Salud del Senado uruguayo para informar sobre la situación de Casa de Galicia, lo que ocurrirá el 14 de diciembre.
Según lo resume en un comunicado oficial la cartera de salud uruguaya, las medidas tomadas por las interventoras tuvieron en primera instancia “el desplazamiento de las entonces autoridades de Casa de Galicia, cuya gestión tuvo los resultados económicos ya conocidos por la opinión pública”, para luego realizar “un diagnóstico objetivo y preciso, tanto de la situación económico-financiera como asistencial”, así como proteger “el patrimonio de Casa de Galicia” y “la garantía del normal funcionamiento, asegurando los derechos de los usuarios, sin adoptar medidas que afectaran el vínculo laboral de los trabajadores de la salud”.
Al mismo tiempo, según pudo saber España Exterior, la sección de delitos complejos de la policía uruguaya está trabajando en los archivos de la institución luego de que el Ministerio de Salud presentara “una denuncia penal, a raíz de múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución”.
Ahora pues, resta esperar los pasos que tomará la fiscalía con todas las pruebas que están recabando, que podrían llevar ante el juez a los directivos presididos por Alberto Iglesias y de quienes sin serlo tenían cierto poder dentro de la mutua gallega.
Por otra parte, la administración de Casa de Galicia está a cargo del síndico quien, además de negociar con los acreedores, también debe procurar, junto al Ministerio de Salud, realizar los pagos de salarios entre los que también están los atrasos de más de cuatro meses de los médicos que facturaban a la mutualista.
La deuda más alta en 30 años
La deuda de la mutua gallega es una de las peores que se recuerda en los últimos treinta años ya que están hipotecados todos los bienes de la institución, además de la recaudación futura, por lo que, de no existir una inyección de recursos monetarios por parte del Gobierno uruguayo, sería imposible que Casa de Galicia sobreviva.
Luego de que la justicia culmine con la negociación de los acreedores a los que se les debe más de seis millones de euros, se reducirá seguramente la misma con algunas quitas, al tiempo que se establezca un plan de pago. Mientras que los prestamistas particulares que reclaman casi cinco millones de euros no tendrían posibilidades de cobrar de la mutua, por lo que podrían ejecutar la deuda contra quienes firmaron los préstamos o cheques.
Se estima que para marzo o abril finalizarán estas negociaciones y, una vez establecido el equilibrio financiero de Casa de Galicia, se deberá llamar a unas elecciones entre sus socios para elegir a la nueva comisión directiva que se haga cargo de la institución, en caso de que no se tome la resolución de fusionarla o liquidarla, algo que hasta el momento ha sido descartado por el Gobierno uruguayo.
