El Ministerio de Inclusión deja fuera del ingreso mínimo vital a los pensionistas españoles retornados de Venezuela, un colectivo en situación de exclusión social

La Federación que los agrupa hace un llamamiento al Gobierno para que los incluya ya que llevan desde 2016 sin cobrar las pensiones del país iberoamericano a las que tienen derecho

La Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España (Fapejuves) reclaman que el Gobierno tenga en cuenta a este colectivo y se les incluya como beneficiarios del ingreso mínimo vital, al tratarse de un grupo social que “se encuentra en situación de vulnerabilidad y exclusión social”.

Desde Fapejuves recuerdan que, a partir enero 2016, sin ninguna comunicación oficial, se dejó de abonar las pensiones a quienes habían cotizado en Venezuela y se habían trasladado al exterior, mayormente ciudadanos de nacionalidad española en el caso de quienes se vinieron a vivir a este país. Esta decisión viola “de manera flagrante la Constitución nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el convenio bilateral de seguridad social entre España y Venezuela y los derechos humanos”, afirman desde la Federación.

“Este incumplimiento ha sumido a los pensionados y jubilados, en su gran mayoría españoles y retornados de Venezuela, en una situación de extrema pobreza y de exclusión social motivado a que este era el único ingreso económico para su supervivencia en España”, señala Fapejuves.

Recuerda también que “se han realizado innumerables acciones y reclamos ante los organismos competentes del Gobierno venezolano sin obtener ninguna respuesta, produciéndose un silencio administrativo por más de 4 años y medio”. De hecho, ni siquiera le han respondido al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) de España, el organismo de enlace y supervisión con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de acuerdo a Jo establecido en el Convenio de Seguridad Social, y tampoco han dado respuesta a las gestiones diplomáticas realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores ante la Cancillería venezolana.

Ante esta situación, la aprobación del ingreso mínimo vital se veía por el colectivo como una esperanza para salir de la situación de vulnerabilidad y necesidad en la que se encontraban. Sin embargo, esta prestación solo va dirigida para personas entre 23 y 65 años, por lo que los pensionistas y jubilados quedan excluidos. También se discrimina a los perceptores de pensiones no contributivas, unas 500.000 personas que cobran menos de 400 euros al mes quienes, según recuerda Fapejuves, “han planteado que se establezca una compatibilidad en el sentido de que no se tome como límite la edad de 65 años, sino que las pensiones por debajo de 462 euros se ubiquen en este monto”. “Estábamos esperanzados de optar a este beneficio ya que nuestra situación empeora cada día”, señalan desde Fapejuves.

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