El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido congelar el presupuesto destinado a los españoles en el exterior en 2023 y destinará al colectivo un total de 60,5 millones de euros, la misma cantidad que en 2022, en contraste con los significativos aumentos incluidos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó en el Congreso el pasado 6 de octubre. En concreto, los gastos totales del Estado aumentan un 10,7%, los del Ministerio que dirige José Luis Escrivá un 13% y los de la Secretaría de Estado de Migraciones un 28,4%. En los presupuestos más expansivos de la historia, como muchos medios han calificado los PGE de 2023, la cuantía destinada a los emigrantes se congela.
Si bien es cierto que en el programa 231B Acciones en favor de los emigrantes hay algunas partidas que aumentan y otras que disminuyen, los cambios son poco significativos y reflejan la parálisis de las políticas dirigidas hacia los españoles en el extranjero, un área a la que tanto el Gobierno actual como el Ministerio prácticamente no han prestado atención, limitándose a cubrir el expediente cumpliendo con las obligaciones legales de gasto (prestaciones por razón de necesidad, pensiones de niños de la guerra, asistencia sanitaria en el extranjero, ayudas extraordinarias, prestación para retornados), pero sin llevar a cabo, y ni siquiera proponer, ningún tipo de iniciativa.
Así, el presupuesto de este programa en 2019 fue de 59,3 millones de euros, la misma cantidad que en 2020 ya que se prorrogaron los presupuestos; ascendieron a 60,9 millones en 2021, bajaron a 60,5 en 2022 y en 2023 se mantendrán en esos 60,5. En definitiva, se puede decir que el Gobierno actual ha mantenido prácticamente la misma cantidad destinada a los emigrantes en los tres presupuestos generales que ha elaborado, y mientras en España se articulaban todo tipo de ayudas y apoyos entre 2020 y 2022 para superar la pandemia y ahora la crisis de la inflación, los españoles en el extranjero se han visto totalmente abandonados.
Especialmente sangrante en este sentido es la total inacción del Ministerio en lo relativo al fomento del retorno, una política a la que todos los gobiernos autonómicos están destinando recursos mientras el Ejecutivo central lo único que hace es mantener la Oficina de atención al retorno sin dedicarle ni un euro más. A pesar de las variadas promesas realizadas por anteriores directivos de la Secretaría de Estado de Migraciones y de que aparezca en la propia memoria del programa 231B, en los presupuestos para 2023 no hay ningún rastro de un Nuevo Plan de Retorno que cuente con dotación económica.
Para hacerse una idea del interés que tiene el Ministerio por las acciones a favor de los españoles en el exterior sirve como botón de muestra que de los 189 funcionarios de nivel superior (nivel A1) con los que cuenta la Secretaría de Estado de Migraciones, solo 5 están incluidos en el programa 231B, 154 en el programa de atención a la inmigración y los otros 30 en otros programas, tal y como consta en el Anexo de personal del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. No hay que olvidar que a 1 de enero de 2022 el número de españoles residentes en el extranjero ascendía a 2,7 millones según el PERE.
Cabe destacar también que el Ministerio de Inclusión ha hecho caso omiso a la petición realizada recientemente por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) de que se aumentasen las cuantías de los programas de ayudas al colectivo ya que se mantendrán para el año 2023 en los mismos 4 millones de euros que hubo en 2022. Además, solo se convocarán dos programas, el de Asociaciones y el de Mayores y dependientes.
De los 60,5 millones de euros del programa 231B, algo más de la mitad, 33,5 millones, se destinarán a las prestaciones por razón de necesidad lo que supone un incremento del 2,3% respecto a 2022.
Para las pensiones asistenciales para españoles de origen retornados se destinarán 8,4 millones de euros, un 1,8% más que en 2022, mientras que la prestación para los ‘niños de la guerra’ contará con 3,9 millones, lo que supone un recorte del 11,3% respecto a 2022 cuando fueron 4,4 millones. De esos 3,9 millones, 3,5 irán destinados a ‘niños de la guerra’ residentes en el extranjero y 380.000 euros a residentes en España.
Para garantizar la asistencia sanitaria a españoles en el exterior beneficiarios de prestación por razón de necesidad se dedicarán 7,1 millones de euros, un 2,5% más que en 2022. Y por último, las ayudas asistenciales extraordinarias ascenderán a 1,3 millones de euros.
Se puede decir que el presupuesto para los españoles en el exterior previsto para 2023 es un copia-pega del de 2022. No hay ni rastro de acciones de promoción del retorno, mejoras sustanciales de la prestación por razón de necesidad, más apoyo a las entidades en el exterior para superar la merma de ingresos con motivo de la pandemia, no habrá ayudas para que los centros españoles puedan rehabilitar sus instalaciones o adquirir nuevos equipamientos y no está previsto que se convoquen los programas de Proyectos e investigación, Jóvenes o Comunicación.
Mi papá hijo de español nacido en Cuba obtuvo la nacionalidad española por recuperación por la ley 36 el 14 de diciembre del 2012. Quisiera si yo puedo optar por la ciudadanía española por la nueva ley de memoria dedemocrática 2022
PERDON TAL VEZ HAYA CONFUNDIDO EL AREA DEL MINISTRO JOSE LUIS ESCRIVA,INCLUSION O EXCLUSION
La LMD solo contempla a los hijos o nietos de exiliados españoles que renunciaron a la ciudadanía española en primer lugar, en segundo a los hijos de mujeres españolas originarias de España que perdieron la nacionalidad por casarse con un extranjero y a los hijos mayores y sus hijos mayores de ciudadanos españoles nacionalizados por ley 52 ( Ley de memoria histórica)