El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha abierto una nueva investigación dentro del caso Plus Ultra contra el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1,3 millones de euros, al considerar que el origen de las mismas “no está justificado”. En un auto, el juez comunica a Zapatero su imputación en esta pieza separada y señala que también tendrá que responder por estos hechos en las declaraciones del 17 y 18 de junio, cuando será interrogado investigado por su papel en la presunta trama de tráfico de influencias del caso Plus Ultra.
El magistrado indica que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye “un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante”.
Además, Calama, en el marco de la investigación a Zapatero por un presunto tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ha solicitado formalmente a las autoridades de Estados Unidos permiso para usar como prueba el móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la compañía, que sugirió “pedir ayuda a Zapatero”.
Por otro lado, en el caso de la ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, en los últimos días se han conocido más datos como los pagos de 45.000 euros por el partido, las 22 reuniones en Ferraz o con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que hicieron recular al PSOE y al Gobierno. Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado el 25 de junio como investigado al abogado Jacobo Teijelo, que representa al exdirigente socialista Santos Cerdán, en la causa sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno. El magistrado le investiga por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.
Además, la Fiscalía General del Estado reconoció al juez Pedraz que Diego Villafañe, mano derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz, se reunió dos veces con Teijelo, supuesto miembro de la trama, y con Leire Díez.
Ante todos estos casos, el Gobierno reaccionó con unas declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en las que puso en duda “sentencias incomprensibles” y aseguró que “hay jueces que prevarican”, afirmación que secundó el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.
Con anterioridad, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó una declaración institucional en la que expresa su inquietud por las manifestaciones de cargos de instituciones del Estado que ponen en duda la independencia de determinadas resoluciones judiciales.
Mientras, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el 3 de junio que, finalmente, será en 2027 cuando se presenten los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, descarta hacerlo a lo largo de este año, algo que choca con las intenciones repetidamente aseguradas por el Ejecutivo durante meses antes.
Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que ve imprescindible convocar elecciones ante la actual situación política. Además, afeó a Sánchez sus declaraciones públicas en el pasado condenando la corrupción y, sin embargo, ahora mantenerse en el cargo a pesar de todos sus casos abiertos por la Justicia: “El listón lo puso él mismo y le obliga desde hace demasiado tiempo a devolver la voz a los españoles”. Feijóo censuró al Gobierno por estar centrado solo en su “supervivencia” y no ocuparse de las necesidades de los ciudadanos y, por ello, urge a cambiar la conversación pública. Por último, destacó que “España necesita con urgencia una reconstrucción nacional que vuelva a hacer de la política una actividad compatible con la decencia, con las demandas de la gente y con la agenda reformista que necesita nuestro país”.
El PP, además, lanzó una página web (latramapsoe.es) con el mapa de la corrupción del PSOE que incluye ya 15 causas judiciales, 94 investigados y 19 tipos de delito, y según las penas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones, entre todos podrían alcanzar los 1.817 años de prisión. Además, actualmente ya hay un condenado, 17 procesados y 76 imputados en instrucción.
