El juez decreta el cierre de Casa de Galicia de Montevideo por la falta de colaboración del Gobierno uruguayo

Gran pesar entre los trabajadores, mutualistas y colectividad gallega en general por la decisión / El cierre afecta a todos los servicios excepto a los institutos de medicina altamente especializada / Los internos serán trasladados a otros centros de salud

Desconsuelo y angustia entre los trabajadores de Casa de Galicia al conocer la decisión.

Poco importaron los 104 años de existencia de la mutua gallega más grande del mundo, tampoco su patrimonio que constituye el mayor en todas las instituciones con galleguidad de la diáspora, solo alcanzó que el juez del concurso de Casa de Galicia decretara el pasado 23 de diciembre el “cese inmediato de actividades” excepto el de los servicios de institutos de medicina altamente especializada, alegando el magistrado que “el Ministerio de Salud Pública no cumplió con su deber de colaboración con el órgano concursal y, por ende, con la administración de justicia”, retirándose los pacientes de a poco a otros hospitales en tanto el Estado se hace cargo de la salud de los 40.000 socios de la mutua gallega mientras los toman como socios otros prestadores de salud privada del Uruguay.

En septiembre de 2017 la mutua Casa de Galicia celebraba bajo la presidencia de Manuel Ramos el centenario de su fundación con la alegría y unión de la gran familia que componen trabajadores médicos y no médicos, y los socios que en su mayoría son emigrantes gallegos y sus descendientes.

Ramos dejó la presidencia en 2018, luego de gestionar la mutua antes de la intervención de 2006 que duró un año, volviendo a sus manos logrando estabilizar la economía de la institución, consiguiendo acuerdos con sus trabajadores que habían sido los más afectados tras la crisis financiera que comenzó a fines del siglo pasado.

En octubre de 2018, Alberto Iglesias, que divide sus tiempos en su casa de Miño y la de Montevideo, asumió la presidencia con gran ímpetu y proyectando a Casa de Galicia para la renovación de su patrimonio, convirtiéndola en una mutua de asistencia médica integral y especializada, buscando un lugar de privilegio dentro del sistema de salud uruguayo, calificándola como la más especializada en cardiología, ya que fue en su hospital de Sayago donde se realizó el primer trasplante de corazón en Uruguay.

Hace un año, Iglesias destacaba en una entrevista que Casa de Galicia es una de las pocas instituciones médicas del país que sigue siendo mutua, donde sus socios son sus verdaderos dueños.

Allí explicaba que la institución “no persigue lucro, o sea que no tenemos reparto de utilidades o beneficios. El 100% de los beneficios son para sí mismo, va todo en obras, va todo en tecnología, o sea que el cien por ciento de los resultados se reinvierten en la institución”.

Por otra parte, precisaba que “Casa de Galicia, además, tiene este compromiso en su genética, desde su nacimiento, que parte también de su razón de nacer y el compromiso de mantener la raíz viva con Galicia. Entonces también tenemos una importante tarea en lo cultural, en lo social, vinculado al baile, las tradiciones, a la lengua y eventualmente la solidaridad”.

Así es como puntualizaba que la mutua gallega le da “atención dentro de la colectividad y apoyo, ya no sólo a los gallegos, también los españoles. Nosotros tenemos y apoyamos al Hogar Español en el área de la medicina, le damos cobertura tenemos profesionales que van regularmente a cuidar la salud de nuestros mayores”.

Enfrentamiento

Sin embargo, la pandemia mundial que comenzó a azotar a Uruguay en marzo del 2020 tuvo a los trabajadores de la salud y a los centros hospitalarios como principales protagonistas, pero evidentemente algo falló en estos dos años para que a fines de octubre se desatara una fuerte controversia entre el ministro de Salud Pública uruguayo, Daniel Salinas, y el presidente de Casa de Galicia.

El primero anunciaba que la mutua gallega no había cumplido con sus compromisos de administración eficiente, en tanto el presidente señalaba la necesidad de recibir la garantía del estado para continuar con el saneamiento de Casa de Galicia.

Lo cierto, es que mientras el 15 de octubre la directiva de Casa de Galicia, presidida por Iglesias, se presentaba ante la justicia solicitando el concurso de acreedores, el 29 de ese mes era intervenida por el Gobierno uruguayo.

Mientras que las dos interventoras, Alicia Rossi y Nuria Santana, conocedoras del área de la salud, comenzaban a administrar la mutua gallega con desplazamiento de autoridades y suspendiendo las elecciones a la presidencia de la entidad, por la que pugnaban Alberto Iglesias con Eduardo Miras, en el juzgado concursal el magistrado Leonardo Morales llevaba adelante el proceso para que cobraran los acreedores de la mutualista.

Así fue como, mientras que la policía investigaba las operaciones financieras de Casa de Galicia, el juez Morales determinaba el 30 de noviembre que debería cesar la intervención del Ministerio de Salud, encargándose de la misma el síndico designado definitivamente a partir del 2 de diciembre.

Pero 21 días después, en la jornada previa a la Nochebuena, el juez Morales dicta una sentencia donde explica que “el Ministerio de Salud Pública (MSP) no cumplió con su deber de colaboración con el órgano concursal y, por ende, con la administración de justicia”, asegurando que en su anterior resolución había dispuesto un plazo de treinta días para el traspaso de la dirección de Casa de Galicia, pero “el MSP abandonó abruptamente la intervención administrativa, casi que inmediatamente decretado el concurso, sin prestar mayor colaboración con la Sindicatura entrante”.

Profundizó que “el MSP ni siquiera facilitó a la Sindicatura los informes realizados durante la intervención administrativa por los interventores por esta designados”, calificando de “incomprensible” tal decisión.

Como consecuencia de esto, el juez asegura que el Ministerio dejó a la intervención judicial trabajando “a ciegas”, dificultando el proceso judicial asegurando que la liga de defensa comercial asignada para la sindicatura actuó “con la mayor responsabilidad y compromiso en el ejercicio de su cargo”.

Morales también remarca en su sentencia que “la situación económico-financiera de Casa de Galicia es de extrema gravedad y se arrastra desde hace 18 años, sin dudas una agonía empresarial de una duración temporal absolutamente inusitada”.

Asegurando también que con las intervenciones del Ministerio de Salud de 2003 y 2006, “tampoco lograron una reestructura empresarial que desembocara en la viabilidad económica-financiera”, y cita párrafos enteros de la argumentación del MSP al decretar la intervención, el 26 de octubre, en el que consta el desfinanciamiento de la institución, así como el incumplimiento de la reestructuración prometida en el último fideicomiso, obtenido a fines de 2019.

El magistrado puntualiza para tomar su decisión del cierre de la mutua gallega, que “si en casi dos décadas el MSP no pudo resolver la situación de Casa de Galicia, emerge claro que sería altamente improbable que, en esta oportunidad, hubiera podido hacerlo”.

Especificando que la mutua gallega estaba en “un círculo vicioso del cual no es posible salir sin un adecuado financiamiento” que no vendría del Estado, y explicita que en 13 días hábiles que lleva la administración de los síndicos “resulta absolutamente irresponsable pretender que con ese plazo tan exiguo se pueda resolver 20 años de endeudamiento y crisis empresariales”.

Por otra parte, detalla que los mayores deudores de Casa de Galicia son el Fondo Nacional de Recursos y la Administración de los Servicios de Salud del Estado, con casi 1,2 millones de euros, lo que denota que el Gobierno uruguayo no está ayudando a la mutua gallega pagando su deuda con ella para que pueda funcionar, inclusive puntualiza que el préstamo del banco estatal BROU para pago de aguinaldos no fue aprobado por la Junta Nacional de la Salud, “pese a que el MSP tiene cabal conocimiento de la situación de crisis de la concursada, lo que demuestra una vez más la falta de colaboración con el órgano concursal”, acusó Méndez.

Manifestación ante la sede del Ministerio de Salud uruguayo.

El juez, ante el saldo negativo de 1,8 millones de euros con el que cerró este mes Casa de Galicia, intimó al Ministerio de Salud Pública a que en un plazo de 48 horas entregue la copia de los informes realizados por sus interventores, al tiempo que también requirió el pago de los adeudos del Estado a la mutua gallega.

Fue como una bomba de destrucción masiva

Así fue como, a través del diario El País, los socios de Casa de Galicia, sus trabajadores y la colectividad gallega en general, se enteran el 23 de diciembre por la tarde de que el juez Leonardo Morales decretó “el cese inmediato de actividades”, excepto el de los servicios de institutos de medicina altamente especializada (IMAE), que son una fuente importante de ingresos para la institución. Aclarando que el cierre de Casa de Galicia abarca la atención ambulatoria (policlínicas) y que la sindicatura, a cargo de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y liderada por los abogados Fernando Cabrera y Júpiter Pérez, tienen que coordinar con el Ministerio de Salud Pública (MSP) “la atención de los pacientes internados, así como la derivación a otros centros de salud”.

No solamente por la fecha, a veinticuatro horas de la Nochebuena, sino también por lo inesperado porque esa mañana los síndicos habían anunciado al sindicato que estaban trabajando para poder pagar las deudas de salario con los médicos y el aguinaldo de todo el personal, el anunciado cierre de Casa de Galicia fue como una bomba que destrozó la esperanza que reina en las fiestas navideñas en la diáspora gallega.

La misma tarde del 23 de diciembre, trabajadores y algunos socios de Casa de Galicia se manifestaron ante el Ministerio de Salud, al tiempo que el sindicato de la salud uruguaya responsabilizaba en un comunicado a esta decisión judicial “unilateral, inconsulta con las autoridades sanitarias e imprudente” por “la situación de caos laboral y asistencial que se pueda vivir en los próximos días en Casa de Galicia”.

Tras una reunión con el ministro de salud y su equipo, la presidenta del sindicato de Casa de Galicia, Flor Costanzo, subrayó que los trabajadores de la mutua gallega tienen “el compromiso” del ministro Salinas de que recibirán los pagos pendientes. “Tenemos el compromiso del ministro. No está firmado, pero creo en la palabra del ministro, espero que se cumpla”, dijo Costanzo.

Por otra parte, en la calle principal de Montevideo frente al Ministerio, se vivían escenas de hondo dolor transmitidas por los ojos llorosos que asomaban de los tapabocas de los funcionarios y algunos socios que se hicieron presentes para reclamar una solución para Casa de Galicia.

Costanzo aseguró que los trabajadores están “devastados, destruidos”, y no pueden “ni entender” la decisión judicial. “No queremos ni siquiera aceptarla” dijo con voz quebrada, “no damos crédito a lo que estamos viviendo, es realmente despiadado”, tras señalar que fue adoptada en el día previo a la fiesta de Navidad.

El secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez explicó que “hoy hay 2.500 trabajadores que no tienen empleo y 42.000 usuarios que no tienen mutualista”.

El ministro de Salud y su equipo fueron a hablar con los trabajadores de Casa de Galicia.

Explicaciones del ministro de Salud

Por su parte el ministro de salud pública brindó una conferencia de prensa para explicar que el hospital de Casa de Galicia va a ser gestionado por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), en tanto la urgencia, la emergencia y los internados seguirán con la asistencia actual de la mutua gallega.

Salinas aseguró así la continuidad de la atención durante “esta etapa de transición”. En este sentido, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, indicó que el organismo estatal que dirige conformó un equipo para asumir estas funciones.

“Queremos transmitirles tranquilidad a los pacientes de Casa de Galicia. Sabemos gestionar instituciones de asistencia médica y ya tenemos formado un grupo para llevar adelante esta etapa en Casa de Galicia”, dijo, y confirmó que “ningún paciente de Casa de Galicia va a tener inconvenientes en su atención”.

También fue consultado en la conferencia de prensa el ministro Salinas con relación a la Xunta de Galicia, expresando que en esta semana se habían conectado para saber cómo seguía el tema, pero no luego de conocida la sentencia judicial de cierre de actividades, que por cierto tenía horas de publicitada.

Posteriormente el ministro Salinas llegó hasta el hospital de Casa de Galicia a dialogar con los funcionarios y socios que allí estaban, explicándoles que “echando para atrás no salimos. O salimos todos juntos o no salimos” pidiendo de esta forma un compromiso de quienes le escucharon atentamente.

El ministro comentó que había trabajado cuatro años en la mutua gallega, de 1988 a 1992 cuando era recién recibido, subrayando que “vamos a priorizar a los socios de Casa de Galicia” agregando que “tenemos un sanatorio de primera, lo que estamos buscando es cómo articular para su funcionamiento”, asegurando que “va a haber plazas de trabajo” pero que demorara un poco mientras que se resuelve dónde se atenderán los cuarenta y dos mil socios que deberán ser admitidos en otras instituciones privadas de asistencia médica.

UN comentario en “El juez decreta el cierre de Casa de Galicia de Montevideo por la falta de colaboración del Gobierno uruguayo

  1. Quién se hace responsable de esta editorial? Falta información correcta . Es mejor brindar . Esta publicación debería ser revisada y no largar así cualquier dato sesgado.
    Bermúdez no es la mejor referencia que pueden citar.

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