Escasas horas antes del apagón, la jueza instructora decidió procesar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a otras diez personas, entre ellas el líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. David Sánchez declaró días antes por su contratación como coordinador de los conservatorios pacenses de música, cuya investigación también aprecia “indicios de criminalidad” en la adjudicación de un puesto a un exempleado del Ministerio de Presidencia, Luis María Carrero.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ve “indicios bastantes” de delito en la actuación de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por la contratación de Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos en dos empresas públicas en un auto que remite a la Audiencia Nacional para que valore citarla como investigada.
