El Gobierno y la Generalitat catalana sólo acuerdan retomar la comisión bilateral

Torra no renuncia a la independencia y veta al Rey Felipe VI en los actos que organice el Govern

Pedro Sánchez se despide de Joaquim Torra tras su encuentro en Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió el pasado 9 de julio en La Moncloa al president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra y ambos acordaron reactivar de inmediato la comisión bilateral Estado-Generalitat, tras siete años de bloqueo. Para el Gobierno esta reunión ha sido un primer paso, importante y constructivo, para el desbloqueo y normalización de las relaciones entre el Gobierno de España y el Ejecutivo catalán.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, será quien presida la representación del Gobierno en los trabajos que comenzarán en breve en la Comisión bilateral entre Estado y Generalitat. Asimismo, se retomarán las reuniones de la Comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales; la bilateral de Infraestructuras, y la mixta de Transferencias.

Pedro Sánchez calificó el encuentro como un “punto de arranque constructivo para la normalización de las relaciones”, y señaló que “una crisis política requiere de una solución política”. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, indicó que ambos dirigentes hablaron también de otros asuntos, como el impulso al Corredor Mediterráneo o el levantamiento a los vetos del anterior Gobierno a leyes del Parlament de contenido social, como las que abordan la pobreza energética, el cambio climático o la universalidad de la sanidad pública.

Por último, en la reunión se comentaron los actos conmemorativos del primer aniversario de los atentados en Barcelona y Cambrils, con la presencia del Gobierno. Y esto pese a que Torra anunció previamente que vetaría la presencia del Rey Felipe VI en actos institucionales en Cataluña. Por lo que no está claro si el jefe del Estado acudirá al aniversario de los atentados en los que perdieron la vida 15 personas y más de 100 resultaron heridas.

En las valoraciones de su reunión con Sánchez, el president de la Generalitat aseguró que “Cataluña no renuncia a ninguna de las fórmulas para lograr la independencia”. “El catalanismo solo exige que los catalanes puedan decidir libremente y democráticamente su futuro”, añadió.

Días antes de la reunión, los líderes soberanistas presos fueron trasladados a cárceles de Cataluña, tras el visto bueno del Gobierno. Posteriormente, el Tribunal Supremo suspendió al expresident Carles Puigdemont y otros cinco independentistas de su condición de diputados del Parlament al inhabilitarlos por rebelión. Tanto el Govern como los partidos soberanistas rechazaron la medida. Esto se produjo con la finalización de la instrucción del caso por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, para el cual se prevé la celebración de juicio a finales de este año.

Mientras, el tribunal alemán que controla a Puigdemont aprobó su extradición a España por el delito de malversación de fondos públicos, pero rechazó los de secesión o rebelión, porque considera que el 1-0 no se dio la violencia suficiente para esta tipificación. Este hecho provocó que los abogados de los políticos presos y la Generalitat reclamaran a la Fiscalía que retire los cargos por rebelión y libere a los encarcelados.

 

Impugnación ante el Tribunal Constitucional

La ministra Isabel Celaá anunció el pasado 6 de julio que el Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la moción independentista aprobada un día antes por el Parlament de Cataluña -pese a las advertencias de ilegalidad de los letrados de la Cámara-, en la que se reafirman “los objetivos políticos” de la resolución del 9 de noviembre de 2015 que expresa la voluntad de avanzar hacia la independencia catalana, y ya solicitó el preceptivo dictamen previo del Consejo de Estado.

La portavoz, preguntada por un posible referéndum pactado con la Generalitat para preguntar a los catalanes sobre la independencia de su Comunidad, respondió que “el derecho a la autodeterminación no existe, no está contemplado en nuestra Carta Magna ni en ninguna Constitución de los Estados democráticos homologables”.

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