El Gobierno trata de salir indemne de un caso de presunta corrupción y del bloqueo de la amnistía

Detenido un colaborador directo del exministro y exnúmero 2 del PSOE, José Luis Ábalos / El resultado de las elecciones gallegas también golpea a los socialistas y Sumar, los partidos del Ejecutivo

El exministro José Luis Ábalos, con su entonces asesor Koldo García Izaguirre detrás.

El Gobierno de España y los partidos que lo forman, el PSOE y Sumar, afrontan un periodo convulso, derivado de las complicaciones de la Ley de Amnistía que el líder de los socialistas y presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se comprometió a aprobar con los partidos independentistas catalanes a cambio de su investidura, de los resultados de las elecciones gallegas, que golpearon duramente tanto al PSOE como a Sumar, y de un caso de presunta corrupción que salpica a un exministro y exnúmero dos de Sánchez en el partido.

En cuanto a las elecciones de Galicia, según se puede comprobar en este enlace, el PSOE registró su peor resultado en unas autonómicas gallegas mientras que Sumar -la formación que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz- se quedó fuera del Parlamento tras lograr menos del 2% de los votos. 

Respecto al caso de presunta corrupción, quien fuera mano derecha del exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y asesor en su etapa como ministro de Fomento al que incluso nombró consejero en Renfe, Koldo García Izaguirre, fue detenido el pasado 21 de febrero en el marco de la investigación, a cargo de la Unidad Central Operativa y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, sobre supuestas comisiones ilegales en la compra de mascarillas y otros materiales de protección sanitaria por parte de la Administración central y al menos dos gobiernos autonómicos durante la pandemia de la covid-19.

La compra de este material en el peor momento de la pandemia, marzo y abril del 2020, se produjo por parte los ministerios de Interior y Fomento, en la etapa de Ábalos, y de las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, presididas entonces por los socialistas Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso de los Diputados. En total, los contratos adjudicados tuvieron un valor de 53 millones de euros. En el marco de Fomento están implicados en la compra los organismos ADIF (gestor de la infraestructura ferroviaria) y Puertos del Estado, mientras que las compras en Interior fueron autorizadas por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Los delitos que se investigan son cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. Además de los 20 arrestados hasta el momento se han producido 26 registros, todo ello en las provincias de Madrid, Alicante, Murcia, León, Álava, Bizkaia, Zaragoza y Cáceres.

Según el auto de la Audiencia Nacional, parte de las ganancias obtenidas por la sociedad eje de la trama, Soluciones de Gestión, fueron trasferidas a otras en Brasil y Luxemburgo para “dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero”. Una forma de blanquear las mordidas, pero también con inversiones en España, sobre todo en ladrillo. Es el caso de Koldo García, que adquirió cinco propiedades en la provincia de Alicante por unos importes que no se corresponden con sus ingresos declarados.

Ábalos fue ministro de Fomento entre los años 2018 y 2021, etapa en la que compaginó el cargo con el de secretario de Organización del PSOE, con Pedro Sánchez como secretario general del partido. Actualmente es diputado y era presidente de la Comisión de Interior en el Congreso, cargo del que dimitió el 26 de febrero por la presión de su partido -a pesar de no estar imputado- que le pedía también que dejara el acta de diputado, algo a lo que se negó y finalmente se pasó al Grupo Mixto, dejando las filas del PSOE en la Cámara baja. Abandonó la cartera de Fomento en la remodelación del Gobierno de julio de 2021, sin mayores explicaciones por parte de Sánchez.

Por último, el Gobierno continúa sin lograr un acuerdo con Junts para la ley de amnistía, por lo que forzó en la Mesa del Congreso la prórroga de quince días para acordar un nuevo texto que debería estar listo el 7 de marzo con el fin de ser debatido y votado nuevamente en el pleno de la Cámara Baja. El PSOE reconoció que sigue negociando con los independentistas para alcanzar un pacto mientras que Junts facilitó que el Parlamento catalán que se vote una declaración unilateral de independencia en octubre.

Paralelamente, los fiscales del Tribunal Supremo consideran que el expresident catalán, Carles Puigdemont, asumió el “liderazgo absoluto” de Tsunami Democràtic, “un grupo organizado de carácter terrorista”, y, por tanto, “no cabe duda alguna de que los hechos encajan perfectamente” en el delito de terrorismo. Sin embargo, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la Fiscalía General del Estado, María Ángeles Sánchez-Conde, rechazó la imputación de Puigdemont en el caso Tsunami por la falta de indicios.

Finalmente, en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de la Carrera Judicial, celebrado en Barcelona, el Rey Felipe VI reivindicó ante los nuevos jueces la independencia de la Justicia como “esencia del Estado de Derecho” y defendió la igualdad ante la ley como una de las condiciones “indispensables en una democracia” como la española.

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