El Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo aprobó un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas de contingencia ante una posible retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin el acuerdo previsto en el artículo 50 de Tratado de la Unión. La norma solo entraría en vigor en ese caso. La iniciativa tiene como finalidad garantizar los derechos de los ciudadanos españoles y de los 300.000 británicos residentes en España y su seguridad jurídica, así como su protección en materia de Seguridad Social y asistencia sanitaria.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, recordó que el Parlamento británico votará en los próximos días si acepta el Tratado de Retirada, si sale de la UE sin acuerdo o si solicita una prórroga para decidirlo. Borrell precisó que, en el caso de que el Reino Unido decida salir sin acuerdo, España aplicaría la norma aprobada ese día.
El Real Decreto-ley, dijo, moviliza recursos humanos, normativos y materiales. Contempla actuaciones de carácter logístico, como la contratación de personas, con el fin de preservar los intereses de los ciudadanos españoles y británicos que “ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada” y “preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y de los intereses económicos de España”. Estas medidas, resaltó el ministro, “tienen carácter unilateral”, aunque están condicionadas a que Reino Unido garantice un tratamiento recíproco a los españoles residentes en su territorio y Gibraltar.
De entre todas las iniciativas, Borrell destacó, en especial, las que afectan a los intereses españoles en el Campo de Gibraltar y a los 9.000 trabajadores transfronterizos que cruzan a diario la Verja.
El ministro también señaló que la norma regula el ejercicio de la actividad profesional y el acceso al empleo público. En relación con la asistencia sanitaria, Borrell reveló que las condiciones son “extremadamente generosas para que no haya una ruptura respecto a la situación actual”.
Además, se regulan el acceso a la Universidad española de los alumnos procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido o Gibraltar, las actividades económicas, los servicios financieros, el transporte terrestre y las aduanas, entre otros asuntos.
Los Consejos de Ministros y la campaña electoral
Las elecciones generales ya están convocadas tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 5 de marzo del decreto de disolución de las Cortes Generales y de la llamada a las urnas tras 278 días en el Gobierno de Pedro Sánchez como presidente, el periodo más corto de la democracia. Sin embargo, tanto Sánchez como el resto de miembros de su equipo y del partido que los sustenta, el PSOE, aseguraron que seguirán gobernando con normalidad y sin renunciar a sus plenas competencias hasta que se produzcan las elecciones.
De hecho, anunciaron que los Consejos de Ministros seguirían aprobando decretos-leyes pese a la disolución del Congreso y el Senado, lo que provocó las críticas casi unánimes de los partidos de la oposición. Así, el Ejecutivo dio luz verde al incremento a 8 semanas del permiso de paternidad, al ajuste del precio de los alquileres al IPC durante cinco años, a la obligatoriedad de los planes de igualdad en empresas de más de 50 empleados o a medidas urgentes en materia de protección social e incentivos al empleo y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Partido Popular y Ciudadanos avisaron de posibles demandas para paralizar actuaciones que consideran electoralistas y que escapan del control del poder legislativo.
