Tras la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado, que salieron adelante en el Senado el pasado 20 de diciembre, y de la reforma exprés del Código Penal, que eliminó el delito de sedición transformándolo en uno de desórdenes públicos agravados y la rebaja de las penas de malversación, el horizonte político parecía más despejado para el Gobierno de España. Ése era el objetivo de los partidos que lo forman en coalición: PSOE y Unidas Podemos.
Y más todavía tras la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), que daban la mayoría al sector progresista, y la designación como presidente de Cándido Conde-Pumpido, el candidato respaldado por Moncloa y exfiscal general del Estado en tiempos del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso se elegió una vicepresidenta progresista, Inmaculada Montalbán, rompiendo la tradición de combinar estos cargos entre las dos corrientes mayoritarias: conservadores y progresistas.
Todas estas cuestiones provocaron duros enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición, que llevaron al jefe del Estado, el Rey Felipe VI, a mostrar su preocupación en su mensaje de Navidad por el “deterioro” de la convivencia”, la “división” y la “erosión” de unas instituciones que llamó a “fortalecer” para que ejerciten sus funciones con “colaboración leal”, con “respeto a la Constitución y a las leyes”, y para que “sean un ejemplo de integridad y rectitud”.
Además, antes de su renovación, el Pleno del TC había acordado paralizar la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas por las que se modificaba el sistema de elección de los candidatos al tribunal de garantías que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aprobadas por el Congreso y pendientes de votarse en el Senado.
Iniciativas ante la inflación
En materia económica, el Gobierno aprobó el 27 de diciembre nuevas medidas para paliar la inflación y proteger a los colectivos más vulnerables, según anunció el presidente Pedro Sánchez en su rueda de prensa de balance del año tras el Consejo de Ministros. El Ejecutivo rebajó el IVA del 4% al 0% a los alimentos de primera necesidad -tal y como le propuso el PP meses antes y rechazó con duras críticas a la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo-, acordó una ayuda de 200 euros para las familias con rentas de hasta 27.000 euros y prolongó la rebaja de los impuestos de electricidad y gas. Además, se suspenden los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, se amplía hasta el 31 de diciembre el límite del 2% a la actualización de los contratos de alquiler y se introduce una prórroga de 6 meses para los alquileres que expiren antes del 30 de junio. Por último, se revalorizan las pensiones un 8,5% en 2023 para garantizar el poder adquisitivo de los mayores mientras que se cancela la bonificación general de 20 céntimos por litro de carburante.
Todo ello en un Real Decreto-ley, que debe ser ratificado por las Cortes, de nuevas medidas para responder a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y de extensión de otras ya adoptadas en los meses de marzo y junio. El PP exigió para respaldarlo que la rebaja del IVA a los alimentos incluya la carne y el pescado.
Reducción de penas
Sin embargo, la pretensión del Gobierno de tener un horizonte político más despejado tras la aprobación de las reformas legislativas y las medidas económicas está lejos de cumplirse. Por un lado, la conocida como Ley del sólo sí es sí ya ha permitido la reducción de penas a cerca de 200 condenados por agresiones sexuales la excarcelación de una veintena de ellos. Mientras, el Ejecutivo sigue descartando una corrección de la norma e incluso la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se ha visto obligada a disculparse por unas declaraciones bromeando sobre los efectos de la Ley.
Y, por otro lado, la entrada en vigor de la reforma del Código Penal abre la puerta a las rebajas de condenas de los malversadores, con algunas ya en tramitación. Y los líderes independentistas catalanes condenados quieren pedir la absolución puesto que la sedición ya no es delito y la malversación derivada de ella también creen que debería anularse.
Sin embargo, el magistrado de Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dictó un auto sobre los líderes del procès fugados de la Jutsitica en el que cambia el delito de sedición por el de desobediencia pero mantiene intacto el de malversación. En su escrito, además, considera que la derogación de la sedición plantea un “contexto cercano a la despenalización” de los hechos investigados, al no encajar en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
