El Gobierno retiró el 24 de septiembre la tramitación en el Congreso de los Diputados de la senda de estabilidad presupuestaria, que se iba a votar el día 26, debido a la falta de apoyos para sacarla adelante y ante el escenario de una nueva derrota en la Cámara Baja, tras fracasar en su intento de atraer a Junts a un acuerdo. El Ejecutivo explicó que retrasa la votación sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria para agotar todas las posibilidades y alcanzar un pacto que sería beneficioso para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ganando tiempo para negociar con la formación del expresident de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, que ya avanzó que sus votos dependerán de las negociaciones.
A falta de fijar una nueva fecha, será la cuarta vez que el Congreso debata unos objetivos de estabilidad este año. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 dos veces, pero no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña y siguen vigentes los de 2023, prorrogados automáticamente el 1 de enero.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “sorprendente” que el Gobierno culpase al Partido Popular cuando no se ha sentado a negociar con él. Según afirmó, la decisión demuestra que “esta legislatura nació muerta” y que “las reuniones en Suiza” del PSOE con el líder de Junts y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, “no han salido bien”. Núñez Feijóo no descartó una posible negociación, pero bajo la premisa de que el Ejecutivo expresara su compromiso de retirar el “cupo separatista”, acordado por el PSOE y ERC.
En este sentido, cabe señalar que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, trasladó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, su oposición al concierto catalán y confió en que el acuerdo no llegue al Congreso. En su ronda de reuniones con presidentes autonómicos, Sánchez se ha encontrado con el rechazo frontal de los jefes de ejecutivos autonómicos que pertenecen al PP y también de Page y de otro socialista, el asturiano Adrián Barbón, que no quiere negociaciones bilaterales.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ratificó su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fue condenado el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras por el ‘procés’ soberanista, al considerar que “medió un beneficio personal de carácter patrimonial”. De esta forma, la Sala de lo Penal rechaza los recursos de súplica presentados por Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, así como por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Esto complica aún más la situación de Puigdemont, quien advirtió a Pedro Sánchez que “no sostendrá a un Gobierno que no cumpla los acuerdos”. De hecho, una ponencia política que Junts debatirá en su congreso extraordinario que celebrará los próximos 25, 26 y 27 de octubre aboga por “mantener en tensión a los Gobiernos del Estado y la Generalitat”.
Donde sí parece que avanza el Gobierno en garantizarse el apoyo de otro de sus socios es con Bildu. PSOE y Sumar llegaron a un acuerdo con los herederos de Batasuna, la izquierda abertzale próxima a la banda terrorista ETA, para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, derogando la conocida como Ley mordaza, que, entre otras cosas, acabará con el uso por las fuerzas de seguridad de las pelotas de goma y rebajará la penalización de la desobediencia, que pasará de ser infracción grave a leve, así como presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a las conocidas como ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes en frontera.
Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil rechazaron ese pacto al entender que “desprotege” a los agentes y merma el principio de autoridad hasta el punto de acusar al Gobierno de poner en riesgo sus vidas.
Además, el Gobierno presentó una reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, que permitiría acelerar la excarcelación de 44 etarras por descontar los años de pena cumplidos en Francia, según denunció la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Y la nueva consejera de Justicia del País Vasco, la socialista María Jesús San José, autorizó la salida de prisión de dos etarras no arrepentidos que asesinaron a Fernando Buesa, Luis Portero o José María Martín Carpena.
El precio de la vivienda sube un 7,9% en 1 año
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitó el pasado 30 de septiembre en Barcelona una promoción de viviendas públicas de alquiler asequible y destacó como uno de los ejes principales de la acción de su Ejecutivo el derecho a la vivienda digna y asequible. Ésta es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, puesto que su precio subió un 3,6% en el segundo trimestre del año respecto al periodo anterior, lo que representa el mayor incremento trimestral del precio de las casas desde el segundo trimestre de 2015, según los datos de Eurostat. Pero es que, en comparación con el segundo trimestre de 2023, el precio de la vivienda en España aumentó un 7,9%, frente al 6,4% anual del primer trimestre, lo que supone el mayor ritmo de encarecimiento en dos años.
Por otro lado, el Gobierno eliminó la rebaja fiscal de algunos alimentos básicos y así productos como el aceite de oliva, el pan o los huevos pasaron a tener un IVA del 2%, y será del 4% a partir del 1 de diciembre. Las pastas pasan del 5% al 7,5% y el gas natural del 10% al 21%.
