El Gobierno renuncia a desarrollar una política integral de atención a la ciudadanía en el exterior

El Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado a la ciudadanía española en el exterior al renunciar al desarrollo de una política integral de atención del colectivo. Esto es lo que se refleja en el presupuesto para 2021 del programa 231B de Acciones en favor de los emigrantes, que desarrolla el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que encabeza José Luis Escrivá y que está contenido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que presentó el Ejecutivo en el Congreso el pasado miércoles 28 de octubre.

Aunque el total del programa asciende ligeramente, solo un 2,7% hasta los 61 millones, respecto al actual presupuesto –que hay que recordar que es el correspondiente a 2018 y que fue el último elaborado por el PP– esto se debe únicamente al incremento de las pensiones asistenciales para españoles de origen retornados, que pasan de 1,7 millones a más de 6,7 debido sobre todo al regreso a España de muchos compatriotas que huyen de la situación calamitosa que se vive en Venezuela.

Recortes

Sin embargo, esta subida viene acompañada por la supresión de las ayudas extraordinarias para retornados, el programa de centros, el programa de proyectos, el programa de comunicación y la publicación de la revista Carta de España, y la ayuda a la UNED, que en su conjunto sumaban algo más de 4 millones de euros dirigidos a la atención de la ciudadanía en el exterior.

Además, el Gobierno no prevé la realización de ningún tipo de plan especial de atención a los españoles residentes en Venezuela que están sufriendo la dura crisis que se vive en el país, con problemas para acceder a los alimentos, a los medicamentos, a los servicios básico y a la atención sanitaria. El Plan Especial de Apoyo Socio-Sanitario a la Ciudadanía Española no cuenta con ninguna partida específica ni se sabe nada de su aplicación.

Por otra parte, también descienden las prestaciones para niños de la guerra que pasan de más de 6,3 millones de euros en el actual presupuesto a algo más de 4,8 millones previsto para 2021. La reducción de la cuantía de estas prestaciones se puede deber al descenso por causas naturales del número de beneficiarios.

La partida de las prestaciones por razón de necesidad se mantiene en algo más de 45 millones de euros mientras que la cuantía para los programas de asociaciones y de mayores y dependientes también se mantiene igual, en 1,3 millones de euros.

Asimismo, el Plan de Retorno a España que presentó en su día el anterior equipo de la Secretaría de Estado de Migraciones encabezado por Consuelo Rumí y que iba a contar con 3.000.000 de euros, se ha convertido en “un Nuevo Plan de Retorno, que atienda a la nueva situación mundial derivada de la crisis del Covid-19 y vinculando a las empresas, a las Comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos y a otros departamentos ministeriales con funciones en este ámbito”, según se indica en la memoria de objetivos y que contará con una dotación de solo 500.000 euros.

En definitiva, el Gobierno se limita únicamente a cumplir con algunas de las obligaciones legales que tiene en lo que se refiere a la atención a los emigrantes, y renuncia al desarrollo una política integral, planificada y que dé respuesta a las necesidades de los españoles residentes en el exterior y cumplimiento al Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.