El Gobierno de España interpuso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el recurso de anulación contra el Reglamento de la Comisión que prohíbe la pesca en 87 áreas de la plataforma atlántica con profundidades de entre 400 y 800 metros, consideradas como ecosistemas marinos vulnerables, por discrepancias sobre los datos científicos en los que se basaba.