La directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo, anunció en Madrid que el Gobierno confía en completar durante 2026 la incorporación de los expedientes pendientes de prestaciones por razón de necesidad (PRN) para ciudadanos españoles residentes en Venezuela.
Durante su intervención en la sesión de apertura del V Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Bernardo explicó que en 2025 ya se han tramitado cerca de 600 expedientes que permanecían pendientes en Venezuela, un avance que atribuyó a un “gran esfuerzo presupuestario” por parte de la administración.
La responsable del área subrayó que, aunque aún no se ha alcanzado el 100% de resolución de los casos, el objetivo es cerrar el mandato con todas las solicitudes venezolanas resueltas y con los beneficiarios cobrando ya la ayuda correspondiente. “Hemos hecho un gran esfuerzo, casi el 50% en 2025, y yo creo que podremos cumplir con lo que falta para 2026”, afirmó.
Las prestaciones por razón de necesidad están dirigidas a españoles residentes en el exterior en situación de vulnerabilidad y cubren principalmente casos de ancianidad e incapacidad. En el conjunto de 2025, la Dirección General gestionó pensiones de esta modalidad para 7.700 beneficiarios, con un presupuesto en torno a 31 millones de euros en ancianidad, además de otras partidas para incapacidad y asistencia social.
Bernardo destacó que la situación de Venezuela ha requerido una atención específica dentro de la política de protección a la ciudadanía española en el exterior, al tratarse de un país donde aún existían numerosos expedientes acumulados. En este sentido, defendió que la regularización en marcha responde no solo a criterios administrativos, sino también a una cuestión de “justicia” con personas especialmente vulnerables.
La directora general enmarcó este avance dentro de una estrategia más amplia de refuerzo de las políticas dirigidas a españoles en el exterior y retornados, que incluye la gestión de ayudas asistenciales, convenios de asistencia sanitaria, subvenciones para asociaciones y un futuro desarrollo reglamentario de la Ley de Ciudadanía Española en el Exterior.
Con este compromiso, el Ejecutivo pretende dar respuesta a una de las principales demandas trasladadas desde la representación española en Venezuela, donde las prestaciones por razón de necesidad se han convertido en un instrumento esencial de apoyo para personas mayores y ciudadanos sin recursos suficientes.
