La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, antes de comenzar su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de enero la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que tienen como objetivo la consolidación de los servicios públicos esenciales y la creación de un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible que permita la recuperación de la clase media y trabajadora. El día 14, el proyecto inició su tramitación en las Cortes, donde tiene que recabar apoyos suficientes para la aprobación definitiva del texto. Para ello, el Gobierno se aferra a sus socios en la moción de censura contra Mariano Rajoy (Unidos Podemos, el PNV, la izquierda abertzale de Bildu y los partidos independentistas catalanes) de los que no ha logrado un sí definitivo que permita a Pedro Sánchez prolongar la legislatura más allá de este año 2019, como es el deseo del presidente del Gobierno.
La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, afirmó que las cuentas públicas quieren blindar el Estado de bienestar y derechos como la dependencia, la sanidad y la educación: “Van a ganar los estudiantes, los becarios, los jóvenes, aquellos que ganan un Salario Mínimo Interprofesional, los funcionarios y la clase media”.
La titular de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el proyecto de cuentas públicas cumple con los principios de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea y se atiene al objetivo de déficit vigente del 1,3%, dado que se ha vetado en el Senado la nueva senda de estabilidad planteada por el Gobierno y aprobada por el Congreso del 1,8%.
Durante la presentación de la actualización del cuadro macroeconómico en el que se sustenta el proyecto de Presupuestos, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, anticipó que el Ejecutivo confía en que la economía española mantenga en 2019 una tasa de crecimiento sólido, superior a la prevista para la zona euro. Además, explicó que se ha revisado una décima a la baja la previsión de crecimiento en 2019 -que se estima en el 2,2%- por el mayor ajuste fiscal exigido para reducir el déficit público hasta el 1,3%. De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, Calviño también avanzó que la tasa de paro se reducirá del 15,5% al 14%, con la creación de unos 800.000 puestos de trabajo en el conjunto de 2018 y 2019.
El gasto se incrementa en más de 5.000 millones de euros, al elevar el techo de gasto público hasta los 125.000 millones de euros, mientras que el Gobierno prevé recaudar 227.356 millones de euros a través de impuestos directos e indirectos, lo que supondría un 9,5% más que el año anterior, sobre todo por el Impuesto de Sociedades, el IRPF a rentas altas y el impuesto al diésel.
Trato especial a Cataluña
El presidente Pedro Sánchez en un momento de su reunión con el president de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra.
Las inversiones del Gobierno de España en Cataluña crecen un 66% en los Presupuestos Generales del Estado con respecto a 2018. Y es que Sánchez necesita el voto de los partidos separatistas catalanes, junto con el de Unidos Podemos, el PNV y la izquierda abertzale de Bildu, para sacar adelante las Cuentas, como ya hizo con la senda de déficit en el Congreso, que rechazó después el Senado. Otro guiño a Cataluña fue la reunión del Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona, donde se reunió con el president de la Generalitat, Joaquim Torra, como hicieron también dos miembros más de cada gobierno. Además de otros gestos hacia los independentistas, ambos ejecutivos aprobaron un comunicado conjunto en el que se apuesta por “dar una respuesta democrática” al “conflicto de Cataluña”, sin hacer referencia alguna a la Constitución.
Posteriormente, Torra llamó a los catalanes a “sublevarse” para “lograr la secesión” en su discurso de Fin de Año. Por otro lado, el Tribunal Supremo juzgará próximamente a los 12 líderes separatistas en prisión provisional por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se encargará de otros seis acusados sólo de desobediencia y para los que no se pide cárcel.
