El Gobierno permite a pymes y autónomos aplazar a mayo las declaraciones de impuestos de abril

La moratoria fiscal beneficiará a 3,4 millones de contribuyentes

Los ministros María Jesús Montero y Salvador Illa durante la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real Decreto-ley que amplía hasta mayo los plazos de presentación y pago de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos que habitualmente se hacen en el mes de abril.
La norma establece que quienes tengan una facturación de hasta 600.000 euros podrán aplazar hasta el 20 de mayo la presentación de la declaración trimestral del Impuesto del Valor Añadido (IVA) y el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, así como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las declaraciones presentadas antes del 15 de este mes.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que esta medida “facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la vez que permitirá inyectar liquidez en el conjunto de nuestras empresas”, concretamente hasta 3.558 millones de euros. Montero calcula que pueden beneficiarse en torno a 3,4 de contribuyentes, lo que supone un 95% del total de pymes y autónomos que, a su vez, componen la mayor parte del tejido productivo de nuestro país.

Montero recordó que pymes y autónomos también pueden acogerse al aplazamiento del pago de impuestos, hasta 30.000 euros durante 6 meses, sin pagar intereses durante los tres primeros, y ha anunciado que próximamente el Gobierno aprobará que los autónomos que tributan por módulos puedan acogerse al sistema de estimación directa.

Balance de medidas

Sobre la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la portavoz del Gobierno recordó que ya se han aprobado 48.542 operaciones, que han supuesto un respaldo del Estado por valor de 4.739 millones de euros, y que está previsto que alcancen a 1,3 millones de empresas.

Por otro lado, la Seguridad Social ha registrado 941.000 solicitudes para cobrar la prestación por cese de actividad o por el descenso de un 75% de la facturación: “Son casi 780.000 autónomos los que han recibido la conformidad y que el viernes recibirán esta prestación”, explicó Montero.

Respecto al aplazamiento de las cuotas sociales de sus empleados, 63.766 empresas se han acogido a esta posibilidad, lo que ha afectado a más de 807.000 trabajadores y 28.619 autónomos.

A su vez, 396.000 autónomos y empresas han quedado exonerados de abonar las cotizaciones sociales de sus empleados que están afectados por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), y otros 36.048 trabajadores, contagiados por el virus o en cuarentena, están recibiendo la prestación por baja por contingencias profesionales.

Avales para facilitar el pago del alquiler

El Gobierno acordó también la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, lo que le permitirá desarrollar una línea de avales dirigidos a facilitar el pago de alquileres a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el Covid-19.

Montero señaló que el importe podría llegar a 1.200 millones de euros y los préstamos beneficiarían a 450.000 familias, complementando así otras medidas aprobadas para evitar desahucios y proteger a inquilinos.

La ministra explicó que el Gobierno trabaja “para no dejar a nadie atrás”, y en lo que respecta a la garantía de suministros de energía, ha destacado el incremento en el número de beneficiarios del bono social eléctrico, que supera el 1,3 millones de hogares, y del bono social térmico, al que se han incorporado 17.000 personas desde la declaración del estado de alarma. Además, 70.000 hogares se acogen al bono social, que se prorroga automáticamente, en el caso de que caduque durante esta crisis, hasta el 15 de septiembre.

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