El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó que el Ejecutivo “intentará” presentar los Presupuestos Generales del Estado antes de verano. En una reciente entrevista en RNE, el vicepresidente destacó que será complicado tener una visión realista de lo que le espera a la economía española a finales de año y en 2027, ya que, como consecuencia de la guerra en Irán, la presentación de los mismos llevará “semanas o meses”. Reconoció que el conflicto ha causado “enormes efectos” a la economía española, pero afirmó que, de no haberse producido la guerra, “cree” que las Cuentas públicas ya habrían visto la luz.
Así que el Ejecutivo no descarta un año más sin presentar Presupuestos, los vigentes se aprobaron en 2022, mientras el presidente Pedro Sánchez defendió el 24 de abril en una reunión informal de líderes de la UE, un presupuesto europeo más ambicioso para reforzar la autonomía estratégica, la competitividad y la cohesión.
Por otro lado, el pleno del Congreso rechazó el día 28 el decreto ley del Gobierno impulsado por Sumar sobre la prórroga de los alquileres y la limitación extraordinaria de las rentas con el voto en contra del PP, Vox y Junts y la abstención del PNV. La Cámara tumbó así el cuarto decreto ley del Ejecutivo en lo que va de año.
Esto deja la imagen de una coalición rota, con el PSOE y Sumar aprobando sus propias iniciativas, y una minoría gubernamental menguante que muestra sus dificultades para gobernar. Algo de lo que ya le han advertido hasta sus propios socios. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el PNV -como ya hizo Junts recientemente- se preguntó cómo pretende Sánchez gobernar sin mayoría parlamentaria y “cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral”, a lo que el jefe del Ejecutivo reconoció que el Gobierno necesita diálogo: “Por supuesto que quiero compañía, y además buena compañía”, añadió en referencia a los nacionalistas vascos. Incluso Sánchez, en respuesta a UPN, afirmó que “España lo que necesita son ocho años más de gobierno progresista”. En otro debate en el Congreso, también hizo otra declaración llamativa al indicar que la intención del Gobierno es “hacer a Cataluña y a España, países mejores”.
Un Gobierno que insiste, por tanto, en prolongar la legislatura hasta el final, no antes de mediados 2027, a pesar de no ser capaz de presentar Presupuestos Generales del Estado cada año, como recoge la Constitución, ni de aprobar sus propios decretos leyes.
Mientras, en el frente judicial, las declaraciones de algunos peritos y de los imputados en el caso de las mascarillas, sobre todo las del empresario Víctor de Aldama y del asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, deslizan una posible financiación irregular del PSOE y de miembros del Gobierno de España, como el exministro de Transportes y secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguraron que Ábalos era “fundamental” en la supuesta “organización criminal” de la trama de las mascarillas.
Aldama, además, situó a Pedro Sánchez como el número uno de una presunta trama criminal, que se dedicaba a amañar contratos de obra pública a cambio de comisiones y que parte de esos fondos servían para financiar al PSOE. Mientras el Tribunal Supremo juzga las adjudicaciones de contratos sanitarios, la Audiencia Nacional analiza las presuntas irregularidades en contratos de obra pública.
Por otro lado, el 28 de abril se cumplió un año del apagón que durante horas dejó sin electricidad a España, a Portugal e incluso a zonas del sur de Francia sin que se conozcan las causas, con acusaciones entre Gobierno, Red Eléctrica y las compañías, y sin que nadie asumiera la responsabilidad.
Finalmente, cabe señalar que la Guardia Civil confirmó que la causa del descarrilamiento y colisión de los trenes en el accidente del 18 de enero en Adamuz (Córdoba), con 46 fallecidos fue una rotura de carril en ese punto de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
