El Consejo de Ministros del pasado 27 de enero autorizó la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El objetivo es ofrecer a ese colectivo la oportunidad “de vivir con igualdad de derechos”, así como responder a “una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía”, según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
La medida -añadió Saiz- ha sido “largamente trabajada y dialogada” y retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados. Se enmarca, además, en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. “Es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”, defendió la ministra.
Requisitos y trámites de la regularización extraordinaria
El proceso se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones detalló que los beneficiarios de la regularización podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, esas personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, “lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema”, según sostuvo Elma Saiz. La ministra añadió que el Ejecutivo prevé que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del real decreto, y que el proceso esté abierto hasta el próximo 30 de junio.
La admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y lugar de España. “Esto beneficia al trabajador, que gana derechos, pero también a las empresas, que ganan seguridad jurídica”, manifestó Saiz. Otra clave de la medida es la protección a las familias: el proceso permitirá regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España; en este caso, el permiso será de 5 años.
La portavoz del Gobierno recordó, según una nota de prensa del Ejecutivo, que “gobiernos de distintos colores” han realizado regularizaciones extraordinarias desde el año 1986: “Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado”.
Las estimaciones oficiales del Gobierno sitúan el número de posibles beneficiarios en torno a 500.000 personas que se encuentran en situación irregular en España y cumplen los requisitos básicos de residencia, aunque otros informes elevan esa estimación a unas 840.000.
Para acreditar esa residencia, los migrantes podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.
Los procedimientos de retorno u órdenes de expulsión por motivos administrativos quedarán suspendidos en el momento de presentación de la solicitud.
Acuerdo con Podemos
Esta medida es fruto de un acuerdo del Gobierno con Podemos, según anunció un día antes la eurodiputada de la formación morada Irene Montero. “Hemos conseguido una regularización masiva de personas migrantes y el objetivo es que se regularicen en torno a medio millón de personas que en estos momentos son obligadas a vivir sin derechos”, explicó la ex ministra de Igualdad.
La formación morada se apunta el tanto y se retoma así una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, en 2024.
El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tomar esta decisión para “desviar la atención” de la gestión ferroviaria y le acusó de “aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”. “En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Cuando lleguemos al Gobierno las cambiaré de arriba a abajo”, concluyó en un mensaje en sus redes sociales.
Cabe señalar que ese mismo día 26 se publicó una investigación de Funcas (Fundación de los bancos y cajas de la asociación bancaria Ceca) en la que aseguran que la cifra de migrantes en situación irregular en España habría aumentado un 685% en los últimos ocho años. La investigación afirma que en 2017 el número de personas en esta situación en el país era de 107.000, un número que se ha disparado hasta 840.000 en 2025. Más del 90% de estos migrantes, unos 760.000, pertenecen al continente americano, siendo colombianos, peruanos y hondureños los más representados. Unos 50.000 son africanos, unos 15.000 asiáticos y unos 14.000 europeos.
El proceso de regularización es muy importante para fomentar las relaciones con Hispanoamérica y asimismo ayudar a los emigrantes a tener un mejor futuro en España, rompiendo las barreras de la exclusión por motivos antiracistas.
No hace falta ser un genio para comprender que según presenta el tema, este artículo, teniendo en cuenta el ambiente racista existente, al único que beneficia es a la derecha, especialmente a Vox, partido de los falsos patriotas.