La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, afirmó el pasado 7 de diciembre que el Gobierno examina posibles “ajustes” en la norma que obliga a contar con una PCR negativa para viajar a España, por ejemplo en cuanto al idioma en que deben aparecer los resultados de la prueba o la edad mínima a partir de la cual el viajero debe cumplir con esta exigencia.
“Es cierto que al ponerla en marcha hemos tenido conocimiento de especificidades (…) que estamos examinando”, indicó González Laya en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntada por las quejas de ciudadanos españoles en el exterior que alertan de las dificultades para cumplir la nueva norma para quienes quieren regresar en el periodo de Navidad.
“Estamos examinando las variables que han llamado nuestra atención para ver si se puede hacer algún tipo de ajuste”, añadió, sin aclarar si la revisión para adaptar la medida concluirá antes de las navidades cuando se espera que haya más desplazamientos.
IU Exterior aplaude el anuncio
Tras conocer las declaraciones de la ministra, la coportavoz de la federación de Izquierda Unida en el Exterior (IU Exterior), Nerea Fernández, dijo que “agradecemos la receptividad del Gobierno a la hora de atender las demandas de la emigración para acabar con unos requisitos que la propia Unión Europea considera innecesarios, y que para quienes tuvimos que emigrar y queremos retornar a nuestro propio país supondría una barrera insondable”. “Esperamos que las demandas de la emigración queden recogidas en las nuevas medidas y que el anuncio no se limite a una sustitución de las PCR por tests de antígenos”, añadió Fernández.
Cabe recordar que la federación del exterior de IU se sumó la semana pasada por medio de un comunicado a las demandas de colectivos migrantes como Marea Granate, que denunciaban las dificultades que plantean requisitos como la obligatoriedad de realizarse una prueba PCR en origen durante las 72 horas previas al viaje, de elevado coste en muchos de los países en los que residen las migrantes, o la necesidad de presentar los resultados en inglés o castellano para las migrantes que deseen volver a casa en las próximas semanas.
La coportavoz de IU Exterior denunciaba así el “agravio comparativo para quienes tuvimos que buscarnos un futuro fuera ante la falta de oportunidades, quienes hemos tenido que depender en muchos casos del apoyo de amigas y familiares para poder asumir los costes de unas pruebas cuyos resultados además quedarán obsoletos una vez llegados a nuestros destinos”.
IU Exterior recuerda que, en la actualidad, los viajeros que llegan a España sin una PCR en origen deben someterse a un test de antígenos para determinar si deben ser derivados a un hospital o no, y asumir una multa que va de los 3.000 a los 6.000 euros.
