El Gobierno de España cosechó su primera gran derrota del año en el pleno del Congreso de los Diputados del 27 de enero que tumbó el decreto-ley ómnibus para prorrogar medidas sociales que se arrastran desde la pandemia y una batería de medidas tributarias y de Seguridad Social, propias de un proyecto presupuestario, con los 178 votos en contra de PP, Vox y Junts frente a 171 a favor. Populares e independentistas justificaron su negativa porque, además de la revalorización de las pensiones, incluía la moratoria de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que consideran como una protección a la ocupación.
Por ello, tras ratificarse la ausencia de una mayoría que le apoye en el Congreso, el Consejo de Ministros se vio obligado trocear el decreto ómnibus en dos decretos separados, uno con la revalorización de las pensiones, que sí tiene garantizada la convalidación en el Congreso, y otro con las medidas del denominado escudo social, en el que se incluye la moratoria de los desahucios, que no tiene los apoyos suficientes todavía.
