El Gobierno aprobó, en el Consejo de Ministros del pasado 20 de septiembre, la reducción, de manera temporal, del IVA que se repercute en las facturas del gas natural desde el 21% al 5%, que es el mínimo autorizado por la legislación comunitaria. Esta medida fiscal, que permitirá ahorrar a los consumidores 210 millones de euros, se extenderá hasta el 31 de diciembre y se aplicará también a la compra de pellets, briquetas y leña.
Además, las plantas de cogeneración de la industria podrán renunciar temporalmente a su retribución regulada para entrar en el ámbito de aplicación del Mecanismo Ibérico. Están presentes en sectores como la pasta y el papel, la cerámica y la agroindustria y asumen el 20% del consumo de gas del país y el 20% del Producto Interior Bruto industrial.
El Gobierno cree que la adopción de esta medida supondrá que la mitad del parque de cogeneración, que ha detenido su actividad por el alza de los precios en los mercados energéticos, volverá a estar operativo, y no solo dejará de demandar electricidad al sistema sino que la podrá aportar.
La iniciativa se suma a la rebaja fiscal aprobada progresivamente sobre la electricidad, que también dejó el IVA en el 5%, situó en el 0,5% el tipo del impuesto sobre la electricidad y suspendió el impuesto al 7% a la generación, medida que ha aportado un ahorro de más de 10.000 millones a los consumidores.
Estas iniciativas se suman a las ya adoptadas para minorar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, apoyar a la industria, aliviar a los consumidores vulnerables y al denominado Mecanismo Ibérico tras el elevado aumento de los precios del gas y de la electricidad, especialmente como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia.
Diferencias fiscales
Por otro lado, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) anunciaron rebajas de impuestos que fueron criticadas por el Ejecutivo central, mostraron serias diferencias sobre la política fiscal a aplicar en un momento de crisis por la subida de los precios. En primer lugar, la Junta de Andalucía decidió suprimir el impuesto de Patrimonio para atraer a grandes fortunas y cautivar a posibles inversores, además de anunciar la deflactación al 4,3% del Impuesto sobre la Renta autonómico. La Comunidad de Madrid ya había eliminado en su momento el de impuesto de Patrimonio.
Por su parte, el Gobierno de la Región de Murcia rebajó también el IRPF autonómico y se plantea prescindir del impuesto de Patrimonio. Mientras que Galicia, que ha bajado Patrimonio al 50%, y Castilla y León, que retirará las tasas que afectan al rural, reducirán el tipo mínimo del IRPF al 9%. Con todo ello, el PP pretende que los ciudadanos no pierdan poder adquisitivo. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado reiteradamente por aliviar las cargas a los contribuyentes aprovechando además que la recaudación fiscal del Gobierno está en máximos por las subidas del IPC.
También el País Vasco, gobernado por el PNV y el PSOE, avanzó que deflactará el IRPF en 2023.
El Gobierno de España criticó la “destructiva” eliminación del Impuesto de Patrimonio y mostró su oposición a las rebajas para que no afecten a la calidad de los servicios públicos. De hecho, anunció un impuesto a las grandes fortunas, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en un acto en Valencia que apuesta por reformas fiscales para garantizar que “quien más tiene, más contribuya”.
