El presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, puso en valor “la gran capacidad de trabajo y el compromiso con el presente y el futuro” de las Islas como rasgo característico de los nuevos cargos públicos que se sumaron al Gobierno de Canarias en varias consejerías y áreas de gestión. Los nombramientos fueron aprobados el pasado 17 de julio en la primera reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, celebrada en Santa Cruz de Tenerife con la asistencia de todos los consejeros del Ejecutivo salvo los titulares de Presidencia, Nieves Lady Barreto; de Política Territorial, Manuel Miranda; y de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, desplazados a La Palma por el incendio forestal declarado en esa Isla.
En comparecencia informativa, el presidente de Canarias explicó que la totalidad de los nombramientos de nuevos cargos en el Gobierno se completarán en próximas semanas. No obstante, se dio prioridad a la composición de las consejerías de Hacienda, Sanidad y Educación por su importancia para desarrollar las acciones más necesarias en el menor plazo de tiempo. Por su parte, el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, informó de las primeras medidas que adoptará el Gobierno en un plan de alivio fiscal a las familias que incluye la bonificación del 99% del impuesto de donaciones y sucesiones, reducir el impuesto del combustible en las Islas Verdes y una bajada del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) en la que ya trabaja el equipo de gobierno.
Fernando Clavijo también informó del envío de una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para que el Gobierno de España desarrolle una nueva modificación de la Ley General de Subvenciones, a través de Real Decreto, para eliminar las dificultades de acceso a ayudas públicas para transporte de mercancías a Canarias, ya que los cambios legislativos no tuvieron en cuenta su gran impacto en el sistema de compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Islas. Esta reclamación del Gobierno se une a la misma exigencia planteada por las organizaciones Asinca, Asocan, Asprocan y Fedex, que ya han remitido a la ministra de Transportes una nueva propuesta para la modificación de la Ley General de Subvenciones.
La finalización del acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea, que acabó ese mismo día, también fue objeto de análisis por parte del presidente de Canarias, quien reclamó no solo medidas compensatorias para los pescadores canarios afectados, principalmente en Lanzarote, y reiteró la exigencia de que la Comunidad Autónoma participe sin intermediario en las reuniones bilaterales entre los reinos de España y de Marruecos.
Finalmente, el Consejo de Gobierno también abordó el inicio del curso escolar 2023-2024 que en las Islas está previsto que arranque el 11 de septiembre con un acto en el colegio del municipio de Moya (Gran Canaria), informó el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez.
Emergencia hídrica en Fuerteventura
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, mantuvo el pasado 20 de julio una reunión de trabajo con la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García, los portavoces de todos los grupos políticos con representación y los alcaldes de los seis ayuntamientos de la Isla para analizar asuntos de gran importancia para Fuerteventura como la situación de emergencia hídrica y la tramitación del Plan de Transición Energética de Canarias, así como las inversiones e infraestructuras de la Comunidad Autónoma en la Isla. “Cuando pasa el tiempo y los problemas no se abordan, nos encontramos situaciones como la que sufre esta isla con la situación de emergencia hídrica”, afirmó Fernando Clavijo para garantizar el apoyo del Gobierno de Canarias para poner en marcha los recursos necesarios para mejorar la gestión de aguas en Fuerteventura.
En actuaciones pendientes de ejecución está la nueva planta desaladora para la zona sur de Fuerteventura, por valor de tres millones de euros a ejecutar en varias anualidades; la ampliación urgente de la desaladora de Puerto del Rosario para producir hasta 36.000 metros cúbicos de agua; el aumento de la capacidad de almacenamiento; y la mejora de la red de distribución, ya obsoleta, para reducir el agua no registrada y las fugas.
