El Consejo de Ministros aprobó el 3 de febrero el proyecto de la nueva Ley de educación y el anteproyecto de Ley de libertad sexual.
La Ley orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) echará por tierra la ley del PP en vigor desde 2013 y será la séptima ley de educación desde la Transición.
Entre otras cosas, obligará a los colegios concertados a escolarizar a más alumnos con necesidades educativas especiales o de entornos desfavorecidos, con vistas a un reparto más equitativo; Religión no computará para la nota y no tendrá una materia alternativa; habrá una nueva asignatura de “Valores cívicos y éticos”; se eliminarán los itinerarios en la ESO; se podrá sacar el título de Bachillerato con una materia suspensa; y se deja en manos de Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares la misión de garantizar que sus alumnos reciban alguna enseñanza en castellano. La Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, impulsad por el Ministerio de Igualdad de la podemita Irene Montero, plantea una reforma del Código Penal para eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual (a partir de ahora todo será agresión), dejando la pena máxima en 15 años.
La ley pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento expreso de la víctima para que no sea necesaria la existencia de violencia o intimidación.
El borrador fue corregido severamente desde la Vicepresidencia primera y el Ministerio de Justicia, a cargo del PSOE, donde apreciaron errores de bulto. Podemos respondió airadamente y Pablo Iglesias afirmó que “en las excusas técnicas hay mucho machista frustrado”.
El Consejo de Ministros aprobó también –el 25 de febrero– una reforma de la Ley de cadena alimentaria en la que prohíbe la “venta a pérdidas” de productos agrarios; es decir, el precio que se pague a agricultores y ganaderos debe cubrir los costes de producción. El Gobierno espera que esta reforma aplaque las protestas de los agricultores y ganaderos.
El Consejo dio además su visto bueno a un calendario legislativo en el que se prevé la aprobación durante 2020 de 92 leyes, incluidos los Presupuestos Generales del Estado y la reforma del Código Penal que rebajará las penas para los delitos de sedición en concurso con malversación.
El Consejo aprobó también el nombramiento de la exministra de Justicia y exdiputada del PSOE Dolores Delgado como fiscala general del Estado, que será recurrido por el PP ante el Tribunal Supremo.
Por otro lado, el Congreso aprobó el 27 de febrero el objetivo de déficit para 2020, que se sitúa en un 1,8% del producto interior bruto (PIB), y el resto de metas fiscales, que se irán reduciendo paulatinamente hasta 2023. Se trata del primer paso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La abstención de ERC y Bildu fue esencial para que hubiera más votos a favor que en contra: 168 síes, frente a 150 noes y 19 abstenciones. ERC advirtió que su abstención no es para favorecer que salgan las cuentas del Estado sino “para dar una oportunidad” a la mesa de negociación entre el Gobierno de España y el de la Generalitat.
