El Gobierno central pagará 224 millones de euros a Galicia por el IVA de 2017

Feijóo recuerda que la Comunidad fue la primera autonomía en reclamar estos ingresos

El titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, informó el pasado 27 de enero de la aprobación por parte de la Xunta de los trámites necesarios para que el Gobierno central abone a Galicia el dinero de la sentencia del IVA correspondiente a diciembre de 2017.

Esto se produce después de que el Tribunal Supremo diese la razón a la Xunta en abril de 2021 y acreditara que el Gobierno central vulneró el derecho a la autonomía financiera de Galicia, originando un quebranto económico a la Hacienda autonómica y un enriquecimiento indebido para el Estado.

En ese sentido, Feijóo destacó que Galicia fue la primera comunidad en reclamar esta mensualidad que el Gobierno central tenía que haber transferido en 2019, liderando primero la reclamación justa del IVA pendiente y después también la solución. Además, recordó que en el caso gallego, la cantidad a abonar que traslada el Estado asciende a 211 millones de euros más 13 millones de euros de intereses de demora.

Reparto de Fondos de Empleo

Por otro lado, pero también en la línea de defender los intereses de los gallegos, Feijóo anunció que Galicia esperará un mes más, agotando los dos meses que hay de plazo, para interponer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el decreto que regula la concesión directa de subvenciones a cuatro comunidades autónomas al margen de la conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Así, explicó que la decisión de recurrir a la vía judicial se producirá si persiste la falta de respuesta por parte del Estado, toda vez que la Xunta ya envió el pasado mes de diciembre un requerimiento previo.

A este respecto, recordó que el Gobierno central decidió primero reservarse 450 millones de euros de estos fondos que deberían corresponder a las comunidades y luego reservar, sin ningún tipo de concurso o concurrencia competitiva, 9 millones de euros a las cuatro autonomías en las que las responsabilidades de empleo recaen sobre consejeros socialistas. “Llevamos casi dos años demandando criterios claros y no vamos a permitir que el reparto de fondos se haga de manera discrecional”, concluyó.

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