El Gobierno autonómico aprueba el Decreto Canarias para abrir cuanto antes la negociación con el Estado

Más de 50 medidas para hacer valer compromisos adquiridos por el Ejecutivo central con el Archipiélago

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente Manuel Domínguez, con los representantes de los empresarios y los sindicatos tras la reunión del Consejo Asesor.

El presidente Fernando Clavijo hizo un llamamiento a toda Canarias para defender “unidos, con una sola voz” la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto ley que dé cumplimiento a los compromisos pendientes con el Archipiélago. Así lo hizo el pasado 9 de febrero tras la aprobación en Consejo de Gobierno de la Comunicación que se remitió al Parlamento para su debate y aprobación en las próximas semanas.

El objetivo es abrir cuanto antes la negociación con el Estado para lograr recursos y medidas que son “imprescindibles para esta tierra siga avanzando”, subrayó el jefe del Ejecutivo autonómico en rueda de prensa. Afirmó que “Canarias no puede seguir esperando ni un minuto más a que el Gobierno español supere su parálisis”, por lo que “necesitamos un real decreto ley que materialice ya todo lo recogido en el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y el presupuesto prorrogado de 2023”. En su comparecencia pública tras el Consejo de Gobierno, Clavijo explicó que las más de 50 medidas incluidas en la propuesta de Decreto Canarias que se eleva a la Cámara autonómica “no suponen privilegios”, sino que hace valer compromisos adquiridos por el Gobierno de España con el Archipiélago.

El presidente espera en este sentido que el Estado cumpla su compromiso de sentarse a debatir un documento que parte de leyes aprobadas por unanimidad como es el caso del Estatuto de Autonomía de 2018 o de compromisos adquiridos por Pedro Sánchez al firmar la Agenda Canaria. Recordó que el titular del Gobierno español se comprometió en Lanzarote a abrir esta negociación como vía para salvar el retraso en el cumplimiento de los compromisos con las Islas.

Anunció que al día siguiente pediría una reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, para comenzar a negociar el Decreto Canarias “a finales de febrero”, una vez sea refrendado por el Parlamento de Canarias en el pleno del día 24.

De cara a esa negociación, el presidente aseguro que el Gobierno de Canarias pone sobre la mesa “un texto serio, riguroso y solvente” que además “tiene garantizada mayoría más que suficiente para ser convalidado” en el Congreso de los Diputados. “Ahora mismo si se quiere cumplir con Canarias tienen el instrumento y los votos”, manifestó en rueda de prensa para añadir que si “se buscan excusas” es “que el Estado no quiere cumplir con Canarias y que no quiere llevar a cabo lo firmado”.

Clavijo explicó que la propuesta de Decreto Canarias respaldada por el Consejo de Gobierno contiene medidas que son “vitales” para garantizar la mejora de los servicios públicos esenciales, además de iniciativas claves para mejorar la atención a “los más vulnerables”, aumentar los salarios de los trabajadores y amarrar inversiones estatales “imprescindibles”. También destacó la importancia de que el Consejo de Ministros garantice el cumplimiento en 2026 y 2027 de los compromisos del Estado con la reconstrucción de La Palma, las islas verdes y el transporte terrestre en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La fuerza de toda Canarias

Fernando Clavijo consideró muy importante que el Decreto Canarias llegue a la mesa de negociación con Madrid avalado por el apoyo de toda la sociedad canaria, lo que “nos dará fuerza para defender nuestros derechos”. Por esa razón, volvió a llamar a partidos políticos, administraciones públicas, empresarios y sindicatos a sumar sus aportaciones al documento que se negociará con el Estado.

En especial, el presidente invitó a la oposición a aprovechar el paso por el Parlamento de la Comunicación para reincorporarse al diálogo y realizar todas las aportaciones que consideren relacionadas con competencias estatales. “Seguimos tendiendo la mano para que vuelvan a la mesa de la negociación”, dijo tras mostrar su confianza en que el debate en la Cámara autonómica contribuya a mejorar el texto elevado por el Gobierno y conseguir un texto refrendado por la gran mayoría de los grupos parlamentarios.

El titular del Gobierno aseguró no entender el rechazo del PSOE al Decreto Canarias cuando lo normal es que se sumara a la defensa ante Madrid de derechos reconocidos del Archipiélago. A su juicio, el principal partido de la oposición liderado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, está mezclando en este debate “dos circunstancias totalmente distintas y no comparables”, porque mientras el Gobierno de Canarias cuenta con estabilidad y aprueba sus presupuestos con normalidad, el Estado no ha logrado esta legislatura aprobar ni un presupuesto y “por eso no está cumpliendo con esta tierra”.

Pidió a la oposición “que digan qué punto no está en la Agenda Canaria o qué no apoyan”, un diálogo que Fernando Clavijo considera fundamental para que Canarias acuda “unida” a la negociación con el Estado. Al respecto, recordó que la propuesta de Decreto Canarias cuenta ya con el respaldo de cabildos y ayuntamientos tras un encuentro celebrado previamente. Además, fue explicado y debatido con los representantes empresariales y sindicales en el Consejo Asesor del Presidente.

Justicia, no privilegios

En su exposición de motivos, el texto refrendado en Consejo de Gobierno justifica la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto ley exclusivo para Canarias por “la urgente y extraordinaria necesidad de sostener el impulso de la agenda canaria y de garantizar que las políticas públicas y los proyectos que vertebran el Archipiélago no se vean interrumpidos por razones ajenas a la voluntad ni al trabajo del pueblo canario”.

El objetivo no es otro que superar los efectos negativos que ha tenido la prórroga continuada de los presupuestos estatales de 2023, lo que “ha impedido la materialización efectiva de asignaciones económicas imprescindibles para la prestación ordinaria de servicios públicos esenciales” en el Archipiélago.

Como argumento principal para defender un Decreto Canarias, la exposición de motivos del documento elevado al Parlamento subraya que “Canarias no pide privilegios, sino justicia. No exige concesiones, sino cumplimiento. No demanda más que lo que en derecho le corresponde y lo que la historia le ha ido reconociendo, a veces tarde, a veces a regañadientes, pero siempre con la fuerza de los hechos”.

La propuesta de real decreto ley de ‘Medidas Urgentes para el mantenimiento y la recuperación de las condiciones sociales y económicas en Canarias’ que el Consejo de Gobierno aprobó en forma de Comunicación contiene 35 artículos divididos en cuatro capítulos, 12 disposiciones adicionales y otras tres finales.

El primer bloque de la propuesta de Decreto Canarias reúne bajo el título ‘Medidas de recuperación social y económica’ todas aquellas partidas económicas o medidas legislativas que el Gobierno central debe adoptar para garantizar el desarrollo del Archipiélago. Así, se exige al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice la continuidad al menos durante dos años más de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias, para lo que se reclama al Estado que aporte 160 millones de euros anuales.

Vivienda y empleo

La propuesta del Gobierno de Canarias contiene además dos medidas directas para afrontar la emergencia habitacional declarada en la Comunidad: se solicita al Estado la cesión en 2026 de suelo para la construcción de viviendas protegidas y se reclama, durante los años 2026 y 2027, 105 millones de euros anuales para la ejecución de obras de vivienda asequible en las islas.

El Decreto Canarias busca asimismo blindar las partidas específicas que el Estado incluyó en sus Cuentas de 2023 pero han quedado en el aire con la prórroga continuada de los presupuestos nacionales: los 45 millones del Plan Integral de Empleo y los 42 millones para infraestructuras educativas, entre otros.

También defiende la continuidad de la deducción del 60% del IRPF para todos los residentes en La Palma, La Gomera y El Hierro durante los próximos tres años, además de una novedosa “bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para las actividades realizadas en las islas verdes en los contratos indefinidos y de sustitución por IT, similar a las aplicadas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.

Para seguir impulsando la recuperación plena de La Palma tras la erupción volcánica, el texto remitido a Madrid incluye 100 millones de euros en 2026, 2027 y 2028. Este apoyo económico se complementa con 30 millones para el Plan Especial de Empleo en la Isla en 2026 que podrán extenderse a 2027.

Escudo social y mejoras salariales

El segundo bloque del articulado del Decreto Canarias, llamado ‘Medidas de apoyo a colectivos vulnerables’, busca fortalecer el escudo social en las Islas. En este sentido, se reclaman la continuidad de los 30 millones de euros anuales del Plan de Pobreza.

Con el refuerzo de los servicios esenciales en el punto de mira, el texto de Decreto Canarias requiere nuevos fondos estatales para asuntos prioritarios como la formación profesional (40 millones de euros anuales), un plan para el jóvenes desempleados (42 millones), la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (28 millones), la cofinanciación en materia de dependencia (120 millones), el sobrecoste de la atención sanitaria (40 millones), el tratamiento de aguas (50 millones) y la renovación de los centros generadores de energía (20 millones).

Al amparo de la Agenda Canaria, el Gobierno autonómico propone al central que conceda en 2026 y 2027 una bonificación del 50% de su cuota de Seguridad Social a las empresas isleñas que apliquen “medidas de productividad asociadas a mejora de las retribuciones en cómputo anual en conceptos salariales superior a la establecida en los convenios colectivos sectoriales”. Se busca incentivar el alza de los sueldos.

El documento aprobado en Consejo de Gobierno incluye asimismo que el Estado permita a la Comunidad Autónoma subir este año el sueldo más de un 2% a los empleados públicos que cobren menos del 150% del salario mínimo interprofesional.

Recoge además un importante paquete de medidas destinadas a mejorar las infraestructuras del Archipiélago y a avanzar en el traspaso de competencias incluidas en el Estatuto de Autonomía. Entre ellas, destaca la exigencia al Estado para que financie el 50% de la redacción de los proyectos y ejecución de las obras de infraestructura y del equipamiento para el transporte público de viajeros por carretera que elabore y presente la Comunidad Autónoma de Canarias para las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Infraestructuras y competencias

En materia de Costas, Canarias pide 20 millones euros en 2026 y 2027 para la ejecución de obras de interés general en costas. Además, “con el fin de asegurar la coherencia de las actuaciones en el litoral de las Islas”, se reclama al Estado que traspase a la Comunidad Autónoma “las competencias ejecutivas y de gestión que ostenta sobre el dominio público marítimo-terrestre en el Archipiélago”.

El texto de Decreto Canarias recoge 20 millones de euros anuales para obras hidráulicas, 204 millones para financiar desde 2026 a 2030 el Convenio de Carreteras, 20 millones para infraestructuras turísticas y la misma cantidad para inversiones en I+D+i.

Por último, el presidente Clavijo subrayó que la Comunicación elevada al Parlamento incluye otra demanda histórica del Archipiélago: la financiación por parte del Estado del coste de 1.400 plazas de miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria, para garantizar su despliegue en todas las islas, sus funciones de policía judicial en el ámbito de sus competencias y su complementariedad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Empresarios y sindicatos

Las organizaciones empresariales y sindicales del Archipiélago respaldan el inicio de una negociación con el Estado para la aprobación de un Decreto Canarias que desatasque los compromisos pendientes con el Archipiélago. Así lo confirmaron el día 10 tras la reunión del Consejo Asesor en que el presidente Fernando Clavijo les informó sobre las más de 50 medidas propuestas para blindar el cumplimiento de la Agenda Canaria, el Estatuto de Autonomía y la actualización de las partidas del presupuesto estatal de 2023.

Al término del encuentro, tanto Clavijo como el vicepresidente Manuel Domínguez agradecieron a los agentes económicos y sociales su predisposición a sumarse al frente común que el Ejecutivo impulsa para afrontar la negociación con el Gobierno de España. “Tenemos que ir a Madrid con toda la fuerza posible”, manifestó Clavijo tras recordar que la propuesta de Decreto Canarias elevada al Parlamento cuenta también ya con el respaldo de cabildos y ayuntamientos.

Ambos recogieron el guante lanzado por empresarios y sindicatos reclamando a las fuerzas políticas que se pongan de acuerdo. Se comprometieron a buscar el máximo consenso entre las fuerzas políticas sobre la redacción final del Decreto Canarias y pidieron “altura de miras” para aprovechar “esta oportunidad de que los canarios estén en igualdad de condiciones que los ciudadanos del territorio continental”.

Tras la reunión, el secretario regional de UGT, Manuel Navarro, valoró de forma positiva “cualquier documento que venga a mejorar la vida de los canarios y las canarias”. Apostó por el cumplimiento de la Agenda Canaria y exigió a la clase política canaria “que se ponga de acuerdo y negocie unida un Decreto Canarias que pueda ser aprobado por el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados”.

En nombre de CCOO, José Ramón Barroso, también agradeció al Gobierno que haya informado de primera mano sobre su propuesta de Decreto Canarias frente al “ruido” que rodea al debate político. “Apoyaremos todas las medidas que beneficien a los trabajadores y a los canarios, vengan de donde vengan”, dijo Barroso para acto seguido reclamar a los partidos políticos que “tengan alturas de miras y se pongan de acuerdo”, de manera que “todos tiremos del carro para poder aprobar este real decreto ley”.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas, Pedro Ortega, indicó que el decreto responde “claramente a la necesidad de que se cumplan compromisos pendientes con Canarias”. “Le damos la bienvenida a la propuesta y animamos a ayuntamientos, cabildos y partidos políticos a hacer aportaciones para conseguir que sea un documento de consenso”, añadió tras subrayar que esta unidad beneficiará a los intereses de los canarios.

En la misma línea, el titular de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso, alabó el respaldo obtenido ya por el Decreto Canarias y anunció que su organización empresarial se sumará a su enriquecimiento mediante aportaciones. A su juicio, el documento que se negociará con el Estado para su aprobación en Consejo de Ministros es una “oportunidad” para dar respuesta a los retos prioritarios que tiene el Archipiélago.

Mejoras salariales

Durante el encuentro con empresarios y sindicatos, el Gobierno destacó en especial las medidas dirigidas a impulsar el aumento de los sueldos en el Archipiélago y el paquete de medidas para mejorar la protección de los más vulnerables. La reunión del Consejo Asesor del Presidente celebrada en Santa Cruz de Tenerife centró además el análisis del Decreto Canarias en las acciones que se negociarán con el Estado para potenciar el empleo y la formación en el Archipiélago.

En la reunión del Consejo Asesor del Presidente también participaron el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez; la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado; el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez; el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello; el viceconsejero de Servicios Jurídicos, Jorge Riestra; y el secretario general de Presidencia, Ceferino Marrero.

Las principales organizaciones empresariales del Archipiélago estuvieron representadas por el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, Pedro Ortega, y su vicepresidente ejecutivo José Cristóbal García, y por el presidente de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso, y su secretaria Eleva Vela. Por los sindicatos participaron en el encuentro María Frahija y José Ramón Barroso de CC OO, y por Manuel Navarro y Francisco Bautista de UGT.

Reclamo a la oposición

Ese mismo día 10, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó a los partidos de la oposición que “se sienten a negociar el Decreto Canarias y que no lo boicoteen con excusas sin fundamento”, porque según aseguró “los contenidos de nuestra propuesta corresponden a compromisos adquiridos con el Estado bien en la Agenda Canaria, en los presupuestos prorrogados de 2023 o en los artículos del Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica aprobada por el Congreso de los Diputados”.

En este sentido, la negativa de la oposición a darle valor a este documento “se sustenta en una crítica inexplicable de quienes ni siquiera han elaborado sus presupuestos generales desde 2023, frente al Gobierno de Canarias que ha sido en todo momento proactivo, ante la parálisis del Estado, y ha aprobado sus tres presupuestos”, aseguró el presidente.

Fernando Clavijo se refirió a las acciones que están incluidas en el documento y recordó, frente a la propuesta del PSOE de elaborar un decreto ley en Canarias, que ya “el Gobierno está inmerso en un proceso de transformación principalmente con sus propios recursos”.

En la España de las autonomías las obligaciones están claras entre el Estado y las regiones, “pero ustedes esperan que pasemos por alto las responsabilidades del Gobierno estatal y que asumamos solos el desarrollo de nuestra comunidad mientras favorecen a otras comunidades autónomas por los votos en el Congreso”, aseveró Clavijo.

“No es cierto que nos neguemos a aprobar políticas beneficiosas para Canarias, porque ya lo hacemos, cada lunes en los consejos de Gobierno: 32 millones para un edificio para tratamiento específico para el cáncer, 300 millones en carreteras, 85 millones para más de 1.100 viviendas, un millón de euros para puntos de encuentro familiar, 16,7 millones de euros para asistencia jurídica gratuita; y eso solo en las últimas semanas”, enumeró.

“Estamos trabajando para conseguir el máximo apoyo político y social porque es de justicia para Canarias, porque el Archipiélago no puede esperar a que se entiendan en Madrid para que sus demandas se cumplan, ayer aprobamos la comunicación que vamos a elevar al Parlamento, para que siga enriqueciéndose con las aportaciones de todos, incluso PSOE y NC podrán hacerlo”, aseguró.

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