El 27 de julio se celebró en Madrid la tercera reunión de la Mesa de Diálogo y Negociación entre el Gobierno de España, representado por cuatro ministros, y el Govern de la Generalitat de Catalunya, con cuatro consellers (todos pertencientes a ERC), que alcanzó sus primeros acuerdos. Ambas delegaciones pactaron la desjudicialización de la política y la protección y el impulso de la lengua catalana.
Esto último se interpretó como que el Gobierno de España asume la norma que elimina la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de las asignaturas en castellano en escuelas catalanas. Precisamente, el PP y Ciudadanos presentaron un recurso en el Tribunal Constitucional contra el decreto-ley que la Generalitat aprobó para sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán que obliga al 25% en castellano.
Por otro lado, el Parlament de Cataluña suspendió a su presidenta Laura Borràs con los votos del PSC, ERC y CUP acusada de correupción en un proceso judicial.
