El Gobierno aspira a crear 800.000 empleos en 3 años y movilizar 72.000 millones de euros de fondos europeos

La Comisión Europea vigila la reforma del Poder Judicial que pondría en peligro esta inversión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado 7 de octubre ‘El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española’, que va a movilizar en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU. Es decir, este Plan guía la ejecución de cerca de 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023 y además cumple con precisión las prioridades de los fondos europeos de recuperación: la inversión ‘verde’ representa más del 37% del total del Plan y la digitalización cerca del 33%. Sánchez explicó que con este Plan se crearán 800.000 puestos de trabajo en 3 años con el objetivo de salir rápido de la crisis.

Por otro lado, el Ejecutivo elevó el techo de gasto un 53% hasta superar los 27.430 millones de euros de cara al próximo año contando con parte de esos fondos. En las previsiones que remitió a Bruselas, el Gobierno prevé una caída del PIB este año de más del 11% y un rebote en 2021 hasta crecer un 9,8%, mientras que el paro se quedaría en el 17,1% en este ejercicio y en el 16,9% en el próximo. También se incluye una subida de impuestos para lograr 7.000 millones de euros más, que afectaría a los refrescos azucarados y los plásticos de un solo uso, entre otros productos. La presión fiscal llegará al 37,7% del PIB, récord en la Unión Europea. Además, es el único de los planes presupuestarios de las grandes economías europeas que prevé subidas de impuestos.

Sin embargo, la Comisión Europea dio un toque de atención al Ejecutivo que podría afectar a los fondos prometidos. Todo ello tras anunciar PSOE y Podemos que impulsarán una reforma de la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin necesidad de contar con 3/5 de los votos del Congreso para elegir a sus componentes y así evitar depender de una negociación con el PP. Esta reforma recibió fuertes críticas de la oposición y de las asociaciones de jueces y la Comisión Europea advirtió de que lo “vigila de cerca”.

Pedro Sánchez aseguró que retirará la reforma judicial si el PP acepta pactar la renovación mientras los populares condicionaron este hecho a la exclusión de Podemos en la negociación.

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