El Consejo de Ministros aprobó ayer, a través de un decreto, un tercer paquete de medidas económicas, a través de un decreto para para paliar los daños en la economía de los trabajadores y ciudadanos ocasionados por el confinamiento ordenado por la pandemia de coronavirus.
Las medidas, que se centran en los colectivos más afectados y tendrán que ser avaladas por el Congreso, son estas:
– Subsidio excepcional de unos 430 euros -el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)- para los trabajadores temporales a los que les venza el contrato durante el estado de alarma y no tengan derecho a cobrar el paro por no haber reunido la cotización mínima. La duración mínima del contrato que se extingue debe ser de al menos dos meses.
– Subsidio extraordinario temporal para las trabajadoras del hogar que estén inscritas en la Seguridad Social y que hayan sido despedidas o no puedan trabajar durante la crisis sanitaria del coronavirus.
– Moratoria de 6 meses sin intereses para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes), aunque con algunas condiciones.
– Distribución a las comunidades autónomas de 300 millones de euros según los criterios de porcentaje de población (80%) y número de casos e ingresos en UCI a fecha 24 de marzo.
– Suspensión de los desahucios seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual para evitar subidas abusivas, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis.
– Ampliación a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para las personas que hayan perdido su empleo o visto reducidos sus ingresos como consecuencia de la situación.
– Ampliación en el alcance de la moratoria a los autónomos, profesionales o pymes que padezcan extraordinarias dificultades y a los préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo.
– Ampliación de la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas y agua a todos los hogares durante el periodo que se prolongue el estado de alarma.
– Ampliación de los plazos de actuaciones, trámites y procedimientos tributarios aprobada el 17 de marzo a aquellos que sean realizados y tramitados por administraciones tributarias de las comunidades autónomas y entidades locales.
– Aplazamiento del calendario de reembolso de préstamos concedidos por comunidades autónomas y entidades locales a empresas y autónomos, para aquellos casos en los que esta crisis haya provocado períodos de inactividad, una «reducción significativa» en las ventas, o una interrupción del suministro en la cadena de valor que dificulte o impida atender al pago de esta deuda.
– Ampliación hasta el 30 de junio de la venta de gasolinas destinadas inicialmente al periodo invernal.
– Extensión del derecho a acogerse al bono social de electricidad a los trabajadores afectados por despidos y a los autónomos que hayan cesado su actividad o reducido su facturación por la crisis del coronavirus.
– Autónomos y empresas podrán suspender temporalmente sus contratos de suministro, o modificar sus modalidades de contratos, sin penalización.
– El Gobierno aprobará un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en los juzgados y tribunales de orden social y contencioso-administrativo, así como en los juzgados de lo mercantil una vez haya concluido el estado de alarma.
– La cuota de formación profesional para el empleo que pagan empresas y trabajadores se podrá destinar excepcionalmente durante el presente ejercicio a financiar cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo debido al impacto económico de las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria.
– Queda prohibida la subida de las tarifas de telefonía mientras los usuarios no puedan cambiar de compañía por las limitaciones impuestas para frenar el brote.
– Se establece una prórroga de seis meses desde que finalice el estado de alarma para que las cooperativas puedan reintegrar las aportaciones a los socios que causen baja durante este periodo excepcional.
– Las producciones agrarias de carácter estacional podrán optar a prestaciones por cese de actividad cuando su facturación media en los meses de campaña se reduzca al menos en un 75 % en comparación con los mismos meses de la campaña del año anterior.
– Los consumidores podrán poner fin a determinados contratos sin ser penalizados.
– Se aprueba la prórroga de contratos a personal docente e investigador en universidades y de quienes trabajen para el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como del personal que se haya incorporado al Sistema Nacional de Salud (SNS) por la emergencia sanitaria.
– Se permite solicitar el reembolso de viajes combinados o recibir un bono canjeable en un año.
– Los empleados públicos podrán cambiar voluntariamente de puesto de trabajo para reforzar aquellas áreas que, durante la actual crisis, estén necesitadas de personal.
– Se aprueba una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitacional para evitar subidas abusivas.
– Quien caiga en situación de vulnerabilidad puede acogerse a un microcrédito que dará el estado a tipo 0 de interés, a devolver en 6 años ampliable a 10 en caso de dificultades.
– Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado pagará la deuda de alquiler a través de una línea de ayudas públicas, que contempla ayudas de hasta 900 euros al mes y 200 euros para gastos de suministros o mantenimiento, con un importe total de hasta 700 millones de euros.
– Se restringe la publicidad del juego y las apuestas ‘online’ de ámbito estatal a la franja de 1.00 a 5.00 de la madrugada en televisiones, radios y plataformas de intercambio de vídeos como YouTube, durante el tiempo de vigencia del estado de alarma.
– Se aprueban ayudas por 15 millones de euros para prestadores de servicios de TDT.
– Los autónomos y los trabajadores con ERTE podrán rescatar sin costes su plan de pensiones.
– Las comunidades autónomas deberán informar al Ministerio de Hacienda cada mes, y los Ayuntamientos cada tres, de sus actuaciones llevadas a cabo para afrontar la situación de emergencia derivada de la expansión del coronavirus.