El Consejo de Ministros aprobó el 28 de enero un nuevo real decreto ley que contiene la mayoría de las medidas de escudo social recogidas en el aprobado el 23 de diciembre, el decreto ‘ómnibus’, que no fue convalidado por el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció ante los medios de comunicación para explicarlo y destacó que la nueva norma incluye la revalorización de las pensiones conforme al IPC; la mejora de las pensiones mínimas; las ayudas a los municipios, a los hogares y a las empresas afectadas por la DANA; las bonificaciones al transporte público y las ayudas a los afectados por el volcán de la isla de La Palma. Además, incluye una medida adicional en materia de vivienda, que no figuraba en el anterior: la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y para inquilinos.
Todo ello se aprobó tras cerrar Gobierno y Junts un acuerdo esa misma mañana, hasta el punto de retrasar varias horas la celebración de la reunión semanal del Ejecutivo, y después de la derrota parlamentaria vivida la semana anterior en el Congreso, en la que los independentistas catalanes y el PP tumbaron el decreto ómnibus. La oposición lo rechazó por incluir cuestiones variopintas que no tenían nada que ver con el escudo social en muchos casos. Sin embargo, PP y Junts garantizaron su apoyo a la subida de las pensiones, a mantener las ayudas del transporte o a las ayudas a Valencia, entre otras, si se presentaban por separado.
El Gobierno de España había perdido la mayoría en el Congreso y no lograba sacar adelante decretos y su enfrentamiento con Junts había quebrado el bloque de investidura que ya le había dejado sin Presupuestos. Así que, ante un escenario casi de fin de legislatura, Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición se vieron obligados a trocear el ómnibus, como le habían reclamado PP y Junts. Ambas formaciones anunciaron su voto a favor del decreto en el pleno del Congreso del 12 de febrero.
Otra de las condiciones de los soberanistas catalanes liderados por el expresident de la Generalitat huido de la Justicia española, Carles Puigdemont, para respaldar al Ejecutivo fue que la mesa del Congreso aceptase debatir la moción de confianza de Sánchez propuesta por Junts.
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el 4 de febrero el anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo a treinta y siete horas y media semanales de promedio en cómputo anual sin reducción salarial, el registro de jornada y el derecho a la desconexión. La medida, pactada con las organizaciones sindicales CCOO y UGT sin el acuerdo de los representantes de los empresarios, se remitió a las Cortes para su tramitación parlamentaria aunque se prevén dificultades para su aprobación definitiva. Como también para el acuerdo de Gobierno y sindicatos, sin contar con el apoyo de los empresarios, para subir un 4,4% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025, lo que supone un aumento de 50 euros al mes, elevando el salario hasta los 1.184 euros en 14 pagas.
En cuanto a los problemas judiciales, el Tribunal Supremo citó a declarar como investigado al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y solicitó investigar su patrimonio. También llamó a declarar a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Mientras que el juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, imputó por tráfico de influencias a Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa. Y la jueza que dirime la presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno, quien renunció al cargo el pasado 5 de febrero, emitió un auto que señala que “el puesto se creó para ser asignado al Sr. Sánchez”.
Admitida la cuestión de confianza a Sánchez
La Mesa del Congreso de los Diputados acordó el pasado 4 de febrero admitir a trámite la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, y que será debatida por el pleno el 25 de febrero o el 11 de marzo. Esta decisión, paralizada anteriormente hasta en dos ocasiones, hará que los siete diputados de la formación que lidera Carles Puigdemont apoyen a cambio el nuevo decreto aprobado por el Gobierno para salvar algunas medidas del decreto ómnibus, como la revalorización de las pensiones.
Junts accedió a retocar la proposición para dejar claro que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno y reconocer que se trata solo de una iniciativa política que no vincula jurídicamente al Gobierno. Por eso, en vez de pedir a Sánchez que plantee una moción de confianza, le insta a considerar la oportunidad de hacerlo, aunque que no lo hará, como dejó claro el jefe del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros.
