El Consejo de Ministros aprobó el 27 de octubre la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, expusieron las claves en una comparecencia previa a la reunión del Gabinete, en la que el jefe del Ejecutivo afirmó que estos son “los Presupuestos progresistas y de país que España necesita”, unas cuentas “inaplazables” y “absolutamente excepcionales por el contexto en que se aprueban”.
Sánchez señaló tres objetivos principales del proyecto de Presupuestos: la reconstrucción tras la crisis sanitaria, económica y social causada por la Covid-19; la modernización del modelo productivo para garantizar un crecimiento más sólido, y el fortalecimiento del Estado del bienestar en ámbitos como la sanidad, las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital.
“Tras el durísimo golpe de la pandemia, podíamos replegarnos en la austeridad y los recortes o bien ponernos en pie y salir hacia adelante con energía”, afirmó el jefe del Ejecutivo. En ese sentido, las cuentas para 2021 recogen la mayor inversión social de la historia: 239.765 millones de euros, un 10,3% más. Esta cantidad incluye el adelanto de los 27.000 millones provenientes de los fondos europeos, que se canalizarán gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Entre los ejemplos citados por Sánchez del “gran cambio” que supondrán los Presupuestos, figuran el aumento de la inversión educativa en un 70,2%, una inyección extraordinaria de 5.106 millones para la I+D+i civil, casi 12.000 millones para ejecutar “políticas verdes” y un incremento del 114% en la inversión en infraestructuras. También aumentarán de manera muy notable las partidas destinadas a la industria y la energía, las ayudas al comercio, al turismo y las pymes, la vivienda, la agricultura y la pesca, la cultura, la sanidad -en buena medida, para la compra de vacunas y el refuerzo de la atención primaria- y la lucha contra la pobreza, entre otras.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, informó de que el gasto no financiero del Estado asciende a 194.456 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la aprobada como techo de gasto el pasado 6 de octubre.
Las críticas fundamentales a este proyecto de Presupuestos se centraron en las subidas de impuestos frente a la tendencia de todos los países europeos de bajadas fiscales para promover el desarrollo de la economía ante la crisis general provocada por la pandemia de la Covid-19. Por el contrario, el Gobierno de España recoge una mayor presión en impuestos sobre todo, en la renta, el patrimonio o sociedades, además de al diésel o a las bebidas azucaradas.
Además, se apuesta por más deuda para cuadrar las Cuentas y muchos expertos advierten de que la previsión de ingresos y de creciemiento en 2021 es insuficiente para cubrir el volumen de gasto.
El cuadro macroeconómico con el que se han elaborado los Presupuestos parte de la base de que el PIB caerá un 11,2% en 2020 para, posteriormente, crecer hasta un 9,8% en 2021, y el paro cerrará este año en el 17,1% y bajará menos de un punto, hasta el 16,3%, en 2021.
En el reparto territorializado, Cataluña se lleva un incremento del 48% en inversiones (un 66% más que la Comunidad de Madrid), la Comunidad Valenciana un 57% y Andalucía un 45%.
Conferencia de Presidentes y fondos de la UE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió la 23ª Conferencia de Presidentes, celebrada 26 de octubre por videoconferencia desde el Senado, que contó con la participación, por primera vez en la historia de este foro, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien afirmó: “Europa está con ustedes”.
En su intervención, el presidente del Gobierno señaló el objetivo de coordinar el Fondo de Recuperación de la Unión Europea para “no dejar caer a familias, empresas y trabajadores, vivan donde vivan”. Según las primeras estimaciones del Gobierno, en torno al 50% de los proyectos del Plan de Recuperación dotado con 72.000 millones de euros podrían ejecutarse por las comunidades autónomas atendiendo a sus competencias.
