El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Gobierno utilizó fondos europeos para el pago de pensiones, una finalidad para la que no estaban previstos. En concreto, el organismo fiscalizador señala que se destinaron 2.389 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation a cubrir pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos.
Esta actuación figura como una de las principales salvedades en el informe sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024. Según el Tribunal, el uso de estos recursos no estuvo “suficientemente justificado”, pese a que el Ejecutivo sostiene que se trataba de dinero sobrante.
El órgano fiscalizador vincula este desvío a la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados, una situación que se ha prolongado durante la legislatura. A su juicio, la falta de nuevas Cuentas públicas ha obligado a recurrir a mecanismos extraordinarios para cubrir determinados gastos, como las pensiones.
El informe también pone el foco en otras cuestiones relevantes, como la aprobación de créditos extraordinarios por valor de 77.000 millones de euros para hacer frente a gastos adicionales. Además, advierte de que la Seguridad Social presenta un patrimonio neto negativo de 106.000 millones, una situación que se compensa mediante préstamos del Estado que ascienden a 126.000 millones, en torno al 8% del PIB.
Asimismo, el diario El Mundo publicó que el Gobierno desvió al menos otros 8.500 millones de euros de partidas previstas con fondos europeos para destinarlos al pago de pensiones, ingreso mínimo vital, otros gastos sociales e incluso aportaciones a Correos. Así aflora en la relación de “expedientes de modificaciones presupuestarias” remitida por Hacienda al Congreso de los Diputados. Son las realizadas, según el Ministerio, por la situación de prórroga de los Presupuestos de 2023 en vigor.
Begoña Gómez
Por otro lado, Begoña Gómez -la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró ante la Fiscalía Europea que no es amiga del empresario Juan Carlos Barrabés, para cuyas empresas firmó varias cartas de recomendación antes de que se le adjudicasen contratos públicos por un total de 8,4 millones de euros.
La Fiscalía Europea investiga las adjudicaciones con fondos europeos a las empresas de Barrabés, que fue profesor en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía la mujer del presidente del Gobierno.
Finalmente, cabe señalar que Begoña Gómez volvió a solicitar al juez Juan Carlos Peinado que archive el caso por el que le atribuye los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y no la envíe a un juicio ante un jurado popular en un escrito de conclusiones en que insiste en que “los hechos” por los que ha sido procesada “no son constitutivos de delito alguno”.
