La Xunta ya está estudiando vías jurídicas para defender ante los tribunales los derechos y los intereses de todos los gallegos ante la reforma legislativa que quiere aprobar el Gobierno central y que afecta a la figura de las herencias en vida. Así lo expuso el 9 de junio en el Parlamento el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Valeriano Martínez en respuesta a una pregunta oral sobre las gestiones que el Gobierno gallego está realizando para defender la autonomía financiera de Galicia. Durante su intervención, el conselleiro subrayó que la Xunta seguirá actuando con firmeza y lealtad institucional para revertir la intención del Ejecutivo central de penalizar las herencias en vida en Galicia.
Galicia es una de las comunidades españolas con pleno derecho civil propio, y una de sus principales instituciones es la de formalizar ‘pactos sucesorios’ con los que se pueden transmitir bienes en vida en iguales condiciones que las transmisiones ‘mortis causa’. En este sentido, Valeriano Martínez subrayó que “tan sólo desde 2016, cerca de 160.000 gallegos y gallegas se beneficiaron de esta modalidad”. El titular de Facenda e Administración Pública explicó que la Xunta rechaza la modificación del artículo 36 de la Ley del IRPF que está impulsando el Gobierno central a través del Proyecto de Ley Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. “Con la modificación que quiere introducir estamos ante una nueva amenaza del Gobierno central, en este caso contra nuestro autogobierno”, apuntó.
Además, la medida perjudica especialmente a la juventud gallega, ya que son los jóvenes los principales beneficiarios de las herencias en vida para formar una familia, emprender una actividad profesional o adquirir otros bienes que le permitan iniciar un proyecto de vida.
Según expuso el conselleiro, la reforma legislativa introducida por el Gobierno central trata a todos los beneficiarios que transmiten los bienes como defraudadores, puesto que presume un comportamiento fraudulento que no admite prueba en contra y crea una auténtica ficción legal que presume siempre que el fin es fraudulento.
También atenta contra el principio de igualdad al introducir una diferencia de trato entre herencias en función de si el sujeto causante ha fallecido o no; va en contra del principio de neutralidad del sistema tributario que beneficia a las herencias por fallecimiento frente a los pactos sucesorios sin una justificación objetiva; y genera inseguridad jurídica al no prever un período transitorio para su aplicación.
Finalmente, Martínez subrayó que la reforma que prevé el Gobierno “va contra nuestra autonomía financiera, atenta contra nuestra capacidad para tener instituciones de derecho civil propias, y vulnera nuestros derechos reconocidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en las leyes”.
Otro conflicto por el Plan del marisqueo al invadir competencias de la Comunidad
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, censuró el pasado 8 de junio en el Parlamento la presentación del recurso contra el Plan Xeral de Explotación Marisqueira 2021-2023 por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por invadir las competencias exclusivas de Galicia en esta materia. La titular de Mar lamentó que se trata de un nuevo ataque de mucha gravedad contra el sector del mar de la Comunidad pues atenta contra la labor de cerca de 9.000 profesionales del marisqueo.
La representante del Gobierno gallego destacó que ese recurso está injustificado y carece de toda lógica pues el Estatuto de Autonomía de Galicia otorga a la Comunidad las competencias en materia de pesca “en las rías y demás aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura”. De él, añadió, parten el resto de normas -entre las que se incluye el Plan Xeral de Explotación Marisqueira- que regulan el marisqueo desde hace décadas y que en ningún caso fueron recurridas por el Ejecutivo del Estado. “El Gobierno gallego lleva 29 años -desde 1992- tramitando y aprobando los planes de explotación marisquera sin que hubiera problema alguno o solicitud por parte de ninguno de los gobiernos de informes preceptivos al respecto. Tampoco se hizo referencia ni se adoptaron medidas por parte del Gobierno central contra las diferentes normas que disponen el planteamiento de estos planes”, aclaró Rosa Quintana.
La titular de Mar incidió en la incongruencia del recurso presentado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pues nada cambió en la normativa que regula esta materia y subrayó que el informe al que hace referencia el recurso no es preciso en este caso al igual que no lo fue en los 29 planes generales de explotación marisquera aprobados en las últimas décadas.
La conselleira defendió que esta es una muestra más de la guerra abierta por el Gobierno central contra el sector del mar de Galicia, algo que queda patente también en la actitud del Ministerio durante la tramitación del recurso. Antes de su presentación el Gobierno hizo un requerimiento previo en el que pidió directamente la derogación del plan xeral en vez de solicitar aclaraciones o la presentación de alegatos. Galicia explicó la improcedencia de la petición y aclaró que la orden por la que se aprueba el plan no otorga zonas de explotación marisquera, ni en régimen de autorización ni de concesión, por lo que no es necesario el informe sobre la ocupación de dominio público marítimo-terrestre que demanda el Estado.
Por eso, la Xunta va a adoptar las medidas que sean precisas para defender hasta las últimas instancias los intereses del sector y un modelo de gestión con décadas de historia, basado en la cogestión de los recursos y que ya ha demostrado su eficiencia y eficacia. Además, recordó que las entidades que se consideren perjudicadas pueden personarse como codemandadas en el proceso, como ya están haciendo muchas cofradías y federaciones de cofradías de pescadores de Galicia.
