El pasado 12 de abril, seis días después de asumir el cargo de secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea Cortijo le envió una carta al presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Eduardo Dizy, en la que, además de presentarse, manifestaba su intención de ponerse al tanto de la situación que atravesaba el Consejo, lo que fue tomado por los consejeros como “una señal alentadora, por lo que esperábamos un próximo contacto”.
Al poco de recibir esta carta, el día 2 de mayo, y a petición de la Comisión Permanente del CGCEE, Dizy le solicitó al secretario de Estado de Migraciones y vicepresidente primero del Consejo la convocatoria de una reunión de dicha Comisión. Un mensaje enviado con copia al director general de Migraciones y secretario del CGCEE, Santiago Yerga.
Al no obtener respuesta a esta nueva solicitud, la Comisión Permanente le pidió a Dizy que una vez por semana le enviara un recordatorio a Cortijo, con copia a Santiago Yerga, sobre el pedido de reunión. Así, durante el mes de mayo y el de junio, el presidente del CGCEE envió regularmente mensajes –hasta más de 10 correos electrónicos, según han señalado fuente del CGCEE a España Exterior– a los directivos de la Secretaría de Estado de Migraciones insistiendo en el asunto.
Finalmente, el director general de Migraciones, que hay que recalcar que es el secretario del CGCEE, decidió responder al presidente del Consejo en una misiva con fecha 8 de julio. Habían pasado más de dos meses desde la primera carta enviada por Dizy.
Y en esa carta, Yerga señala que la negativa “evolución de las circunstancias sanitarias y de movilidad internacional ha impedido acordar siquiera un calendario de reuniones de las comisiones y del pleno” y añade que “incluso condicionan el desarrollo de las elecciones de consejeros generales previstas para el segundo semestre de este año”.
El director general de Migraciones, además, le pide a Dizy que no interprete esta falta de reuniones “como desinterés hacia la labor del Consejo ni mucho menos como falta de consideración hacia sus integrantes, representantes en último término de los españoles residentes en el exterior”.
Cabe recordar que la última reunión de la Comisión Permanente del CGCEE se celebró por videoconferencia el pasado 1 de diciembre de 2020 y desde entonces no ha vuelto a hacerlo. De este órgano forman parte ocho personas: el presidente del Consejo, Eduardo Dizy; los presidentes de las diferentes comisiones delegadas, Jorge Torres Cantalapiedra, Eduardo Pahíno Torres, Ana Lourdes de Hériz Ramón, María Jesús Vázquez Tiscar; y los consejeros por Bélgica, Marco Antonio de Lera García, Argentina, Susana Carbia Espiño, y Venezuela, José Antonio Alejandro González.
Es difícil de entender por qué motivo no se puede convocar una reunión de esta comisión de forma telemática o incluso presencial, en un momento en el que desde el propio Gobierno se está haciendo un gran esfuerzo por facilitar la movilidad internacional.
Por otra parte, en su carta, Yerga también se refiere a la renovación de los miembros del CGCEE, cuyo mandato finalizó el pasado 25 de junio. El director general indica que “estamos preparando el obligado proceso de elección de nuevos consejeros generales, a resultas de la ya concluida primera fase de constitución de los Consejos de Residentes Españoles, y la convocatoria del primer pleno del nuevo mandato, en atención, repito, a la situación sanitaria y de movilidad a nivel mundial”.
Para muchos consejeros, la respuesta del director general de Migraciones ha confirmado que la “señal alentadora” que supuso la carta enviada el pasado abril por el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea Cortijo, al poco de acceder al cargo, no fue más que un espejismo ya que el contacto directo con el Consejo “lamentablemente, nunca se produjo”.
Así, la consejera por Argentina y miembro de la Comisión Permanente, Susana Carbia, ha calificado la respuesta de Yerga como “un desprecio y una falta de respeto total hacia la ciudadanía española en el exterior”, en declaraciones para España Exterior recogidas por Leo Vellés.
El consejero por Uruguay y también miembro de la Comisión Permanente, Jorge Torres, ha afirmado a este medio que la respuesta de Yerga “es una mera excusa y además vergonzosa” de parte de quien ejerce como secretario del CGCEE “para seguir sosteniendo esta burla, que solo ellos provocaron”.
Carbia abunda en la crítica y afirma que la respuesta de Yerga “ratifica una vez más la intención del Gobierno de Sánchez de buscar la invisibilidad tanto del CGCEE como de los Consejos de Residentes Españoles”. “Es una carta vergonzosa que deja de manifiesto una vez más la actitud de desidia y desinterés del Gobierno hacia la ciudadanía española en el exterior”, añade.
La consejera por Argentina recalcó que en numerosas ocasiones desde la Comisión Permanente trasladaron al Gobierno propuestas para desarrollar el pleno de manera telemática, pero que las mismas nunca fueron tenidas en cuenta: “No nos han dado una sola señal de voluntad de acercarse a nosotros. Tenemos el Séptimo Mandato del CGCEE inconcluso y no les importa en lo más mínimo”, subrayó.
“La peor gestión de un Gobierno de España hacia los ciudadanos en el exterior”
El desprecio del Gobierno español hacia el CGCEE se torna aún más lamentable y doloroso porque la pandemia del Covid-19 ha supuesto muchísimas dificultades tanto para los ciudadanos españoles que viven en todo el mundo como así también para las instituciones de la colectividad, que en mucho países llevan más de un año con sus puertas cerradas y sin poder desarrollar actividades de manera presencial, las que en muchas ocasiones representan la única manera de generar ingresos para poder solventar su funcionamiento.
“Luego leemos declaraciones del ministro Escrivá y de otros funcionarios del Gobierno en los medios sobre la emigración, pero ya no podemos creerles nada, porque la realidad es que tenemos un órgano de representación al que no han escuchado ni respetan y un Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que han incumplido en todas sus formas. La carta de Yerga es el broche de oro de la peor gestión de un Gobierno español hacia sus ciudadanos que residen fuera de España”, concluyó Carbia.
