El Defensor del Pueblo insiste en la necesidad urgente de reformar la regulación del voto exterior

Señala que “con la actual legislación se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos reconocido en el artículo 23 de la Constitución”

El Defensor del Pueblo, cargo ocupado por Francisco M. Fernández Marugán, presentó su informe de gestión relativo al año 2019 en el que pone de manifiesto que a lo largo del año pasado, cuando se celebraron varios procesos electorales, la institución “ha continuado recibiendo quejas relativas al voto rogado y sobre todo, escritos que ponen de manifiesto las dificultades para la recepción de la documentación necesaria para ejercer el voto desde el extranjero”.

Han sido más numerosas las que afectan al mecanismo del voto por correo desde el extranjero, de ciudadanos residentes de forma permanente fuera del país (voto CERA), así como algunas de ciudadanos españoles residentes de forma temporal fuera de España (voto CER). Aunque las quejas de este último grupo son menores en número, el problema que plantean es el mismo que afecta a los residentes permanentes ausentes, esto es, el voto rogado y la recepción de la documentación.

En el Informe se indica que “el sistema de voto rogado, que fue introducido en la normativa electoral tras la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, constituye un motivo de queja debido a las complejidades que afectan al procedimiento, que incluye la intervención de otros sistemas postales diferentes del nacional, lo que en gran parte puede ser considerado el origen de los retrasos en la recepción por el elector de la documentación necesaria para hacer efectivo el derecho de sufragio”.

Por ello, nuevamente “esta institución hace un llamamiento a las administraciones competentes respecto de la necesidad urgente de una modificación normativa que no haga depender de sistemas postales de otros países la efectiva recepción de la documentación electoral para el elector residente en el extranjero que ha solicitado en tiempo y forma las papeletas correspondientes a su circunscripción”. Señala que “con la actual legislación se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos reconocido en el artículo 23 de la Constitución”.

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