El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras reunirse el 22 de septiembre con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmó la resolución definitiva del convenio de carreteras entre el Estado y las islas. Torres, que asistió a ambas reuniones acompañado por el consejero canario de Obras Públicas, Sebastián Franquis, agradeció el apoyo que ha vuelto a mostrar el Gobierno de España a esta y otras reivindicaciones de Canarias.
El jefe del Ejecutivo resaltó que el desatasco del convenio de carreteras permitirá que, en el presupuesto regional de 2023, Canarias pueda disponer de 238 millones (del superávit) para el fin que decida el Gobierno de las Islas, así como otros 407 que formarán parte del programa de reforma y nuevas infraestructuras viarias del citado convenio. “Es una gran noticia para Canarias -subrayó-. El Gobierno de las Islas tuvo que denunciar al Gobierno de España presidido por Rajoy y la justicia nos dio la razón. Con esta reunión, se pone fin a ese conflicto y se impulsa la creación de empleo, la conectividad y la resolución de problemas, que es lo que nos piden los ciudadanos”, celebró.
Torres también señaló que, durante la reunión con Bolaños, se confirmó que Canarias recibirá este año un total de 14 millones de euros para agua de riego, cifra que casi supone duplicar la cantidad asignada hasta ahora, que ha sido de 8 millones, en una apuesta por el sector primario y la ganadería.
Solidaridad territorial
El día 23, el presidente de Canarias se reunió con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cita que sirvió para confirmar la entrega a las Islas de 50 millones de euros para dar mayores garantías a la gestión del fenómeno migratorio en el Archipiélago. En declaraciones posteriores a la prensa, Ángel Víctor Torres agradeció esta aportación “sin precedentes” del Gobierno central, aunque insistió en la conveniencia de que se apruebe una ley que garantice la solidaridad interterritorial en la tutela de los menores no acompañados para que las regiones fronterizas no asuman todo el fenómeno.
El presidente indicó que los gastos de Canarias por la gestión del fenómeno migratorio se han triplicado en los últimos años, especialmente por los menores y sus necesidades sanitarias, educativas y de otra índole, aunque también por los adultos.
