El Tribunal Constitucional rechazó el 28 de noviembre por nueve votos a tres la petición de amparo formulada por la defensa del presidente de ERC, Oriol Junqueras, contra la confirmación de su prisión provisional decretada durante la instrucción del sumario del ‘procés’, en diciembre de hace dos años. Es la primera vez que el Constitucional rompe su unanimidad sobre el desafío secesionista catalán, lo que tiene un efecto práctico en la estrategia procesal de los condenados por la trascendencia que los votos discrepantes podrían tener de cara a los recursos que presenten ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por otro lado, el Parlamento catalán aprobó el 26 de noviembre con los votos de JxCat, ERC y CUP la polémica resolución que suspendió parcialmente el Tribunal Constitucional por las referencias al derecho a la autodeterminación y a la reprobación a la monarquía, alusiones recuperadas por la vía de las enmiendas. Estas citan textualmente, a modo de recordatorio, la frase retirada por el Constitucional y expresan su “rechazo” a la suspensión parcial del texto. PSC y PP votaron en contra, los comunes se abstuvieron y Cs abandonó la Cámara.
Además, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, juzgado el 18 de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por ignorar la orden de la Junta Electoral Central y mantener las pancartas y lazos amarillos de apoyo a los políticos independentistas presos antes de las elecciones del 28 de abril, admitió los cargos, por los que la Fiscalía pide para él 20 meses de inhabilitación y una sanción de 30.000 euros. El presidente argumentó que desobedeció “porque era imposible cumplir una orden ilegal, dictada por un órgano que no tenía competencia”. Torra solo respondió a las preguntas de su defensa y explicó que no respondía a la Fiscalía porque no era “garante de la legalidad, sino de los intereses del Gobierno”, ni a la acusación particular, ejercida por Vox, porque “es un partido franquista”.
Finalmente, el PSC presentará durante su 14 congreso, que se celebrará del 13 al 15 de diciembre en Barcelona, un documento en el que exige el reconocimiento legal de Cataluña como “nación” y e España como país “plurinacional”, así como una reforma de la Constitución que ponga fin al Estado autonómico para dar paso a un nuevo Estado federal.
