El III Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha aprobado 12 propuestas en materia socio-laboral y de retorno. Cuatro de esas propuestas se refieren a las condiciones de trabajo del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) en el exterior (PLEX), tres a la ampliación de las ayudas a las entidades españolas en el exterior y las otras cinco tratan diversos aspectos de mejora de la atención a la ciudadanía en el extranjero y el retorno.
Respecto al personal PLEX, un asunto que ha concentrado mayoritariamente el trabajo del Consejo en materia socio-laboral y de retorno, la principal reclamación ha sido la de que se negocie un convenio colectivo, pendiente de desarrollo desde hace 15 años, y que afectaría a los más de 5.000 trabajadores de embajadas, consulados, consejerías y oficinas de la AGE en el exterior. Según la propuesta aprobada, este convenio deberá incluir normas generales y otras normas y criterios específicos por país de destino y residencia en materia de organización del trabajo y estructura salarial, con un sistema de actualización de retribuciones en relación a la inflación local y las variaciones de tipo de cambio para proteger el poder adquisitivo de las personas que trabajan en el extranjero.
El convenio también contendría un sistema de clasificación profesional mejoras en materia de jornada y horarios, vacaciones, formación profesional, salud laboral, Igualdad o derechos en materia de representación colectiva.
Aumento del personal en los consulados
El pleno también ha aprobado una propuesta para incrementar el personal funcionario y laboral en los consulados generales con un marcado aumento de la ciudadanía española residente. Se recuerda en la reclamación que la reciente Ley de Memoria Democrática supone un nuevo reto a esta situación con las posibilidades que abre para el reconocimiento a la ciudadanía junto a los servicios asociados a esto, como inscripciones de nacimientos, pasaportes, certificados, actos notariales.
Entre los países más afectados por la falta de personal se encuentran: Argentina, Cuba, México, Venezuela, Uruguay, Chile, Suiza, Reino Unido, Andorra, Alemania, Francia, Brasil, Ecuador, Países Bajos, Estados Unidos, Colombia, Panamá e Irlanda.
Además, el pleno ha reclamado, en otras dos propuestas, la inclusión en el régimen de la Seguridad Social española de los trabajadores en el exterior que adquieran la ciudadanía española a través de la Ley de Memoria Democrática, así como, de manera específica, del personal laboral de la Misión Diplomática de España en el Reino Unido que perdieron esta posibilidad tras el brexit.
Más ayudas a las entidades
Por otro lado, otras tres propuestas del CGCEE se refieren al aumento de las ayudas a las entidades españolas en el exterior. En concreto, reclama que se vuelvan a convocar los programas de subvenciones de centros y de comunicación. El primero tiene como objetivo que los centros españoles puedan realizar obras de mejoras y obra nueva en sus instalaciones, así como adquisición y renovación de su equipamiento. Los consejeros señalaron que se trata de unas ayudas fundamentales para la supervivencia de los centros españoles y necesarias para que puedan contar con los medios tecnológicos adecuados. Además, defendieron que las iniciativas de comunicación de las entidades, así como el acceso a la información de su interés a través de los medios de comunicación especializados, son también imprescindibles para mantener su actividad.
Por otro lado, el CGCEE también reclama al Gobierno que se convoquen ayudas destinadas al mantenimiento de instituciones o entidades sin ánimo de lucro radicadas en España que desarrollen actividades de información y asesoramiento dirigidas a los españoles residentes en el exterior y a los retornados, en relación con el hecho del retorno.
En este aspecto del retorno, el Consejo pide que los planes para favorecer el regreso a España de los emigrantes, ya sean elaborados por la administración central o las administraciones autonómicas, no se dirijan solamente hacia los jóvenes sino también hacia los emigrantes mayores. En definitiva, que incluyan a todas las personas retornadas con independencia de su edad y atienda las necesidades de las personas mayores que retornan o que acompañan a quienes retornan.
Sobre el programa de viajes del Imserso, el Consejo ha demandado, una vez más, que se incluya en ellos a todos los emigrantes mayores, y no solo a los residentes en algunos países europeos.
Asimismo, el Consejo reclama que las familias numerosas españolas en el extranjero tengan derecho a los mismos descuentos que las residentes en España sobre todo en la exención de tasas para la emisión del pasaporte y del DNI.
En otra de las propuestas se reclama la extensión del derecho a la protección sanitaria con cargo a fondos públicos a todas las personas españolas residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España.
El CGCEE entiende que tal y como se configura el derecho a la asistencia sanitaria para las personas españolas de origen desplazadas temporalmente a España (no aseguradas en España), “hay situaciones no contempladas que afectan a parte de la emigración española, dando lugar a situaciones de desigualdad en función del país de emigración, la existencia o no de convenio bilateral, la relación con la actividad de la persona emigrante, la edad e incluso el sexo”.
Por último, se pide al Ministerio de Asuntos Exteriores que adecúe los horarios para solicitar cita en los consulados a través de las páginas web al horario laboral de cada país ya que actualmente el horario es único y los españoles en el exterior, en función del lugar de residencia, en ocasiones se tienen que levantar a las dos o tres de la madrugada para solicitar una cita.
