El pasado 4 de julio, en un mitin de la campaña electoral gallega en A Coruña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio por “vencida” a la pandemia y animó a los ciudadanos a “no tener miedo y salir a la calle para reactivar la economía”. Incluso antes, en mayo y junio, había afirmado que se había ganado la “batalla” al virus. Y se fue de vacaciones durante tres semanas a Lanzarote y Doñana.
El 21 de junio, España había dejado atrás 98 días de estado de alarma con un total de 28.323 fallecidos reconocidos por el Gobierno, aunque ya se creía que podrían rondar los 40.000 con otros cálculos oficiales, y 246.272 casos confirmados de Covid-19.
El 25 de octubre, el jefe del Ejecutivo compareció para anunciar que se decretaba un nuevo estado de alarma. Dos días antes, porque el Gobierno no informa los fines de semana, reconocía un total de 34.752 fallecidos -6.429 víctimas mortales más- y 1.046.132 personas contagiadas desde el inicio de la pandemia -con 799.860 nuevos casos desde el 21 de junio-.
Pedro Sánchez ya había realizado una declaración institucional el 23 de octubre en la que avanzó que la situación era muy grave y que venían meses duros, pero no tomó ninguna decisión. Recordó que la cifra oficial de contagiados había superado esa semana el millón y que los estudios de seroprevalencia realizados indicaban que el número real de personas que han estado infectadas en España supera los tres millones.
Cuatro niveles de riesgo
El presidente del Gobierno destacó el acuerdo alcanzado un día antes por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud -en el que participan el Ministerio de Sanidad, las comunidades y ciudades autónomas- que permitió establecer niveles de riesgo, según la situación concreta de cada territorio en cada momento, y medidas acordes con cada uno de ellos. En concreto, se definieron cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto o extremo, en función de varios indicadores técnicos (el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y también de las camas UCI).
Tras la comparecencia, los gobiernos de Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla y León y Cantabria solicitaron una nueva declaración de estado de alarma, que se confirmó el día 25 con la aprobación, en un Consejo de Ministros extraordinario, de un Real Decreto que lo recogía inicialmente por 15 días, extensible a 6 meses tras la solicitud al Parlamento “en base a criterios científicos y recomendaciones de los expertos, para empezar a superar tanto la segunda ola actual de la pandemia como su etapa más dañina”, según un Ejecutivo que aún no ha hecho públicos los nombres de los expertos que le asesoran.
El estado de alarma se justifica según el Gobierno como la disposición legal que permite fijar limitaciones de movilidad y de contactos de tal modo que las comunidades autónomas que lo consideren necesario puedan aplicarlo con pleno amparo constitucional. Los presidentes autonómicos serán las autoridades competentes delegadas en sus respectivos territorios, y podrán decidir el nivel de aplicación de las medidas del decreto según su situación.
Se estableció la prohibición general de la movilidad nocturna entre las 23 horas y las 6 de la mañana, pudiendo cada comunidad autónoma modular su inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana y podrán decidir si levantan el toque de queda a partir del 9 de noviembre. Su aplicación es para todo el país salvo Canarias, debido a su mejor situación epidemiológica. En ese periodo, solo se permite la circulación por causas justificadas como la adquisición de medicamentos, cumplimiento de obligaciones laborales, cuidado de mayores o menores de edad y regreso al domicilio.
Además, las comunidades autónomas pueden decidir limitar la entrada y salida de sus territorios, para todo el perímetro de la comunidad o para un ámbito inferior. Así, el 90% de la población española está confinada perimetralmente, salvo las comunidades de Canarias y Baleares y Galicia -que sí tiene a 23 municipios cerrados- y Extremadura -con 11 localidades aisladas-. Madrid, por ahora, se cierra solo los puentes de Difuntos y la Almudena. Muchas autonomías han optado por aislar a las capitales y principales ciudades.
Apoyo parlamentario
Igualmente, las comunidades pueden limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados a un máximo de 6 personas, salvo que sean convivientes. Y es que el 90% de los contagios se están produciendo en encuentros y reuniones sociales.
El 29 de octubre, el Gobierno solicitó al Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. El encargado de defender la propuesta fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que explicó que “estamos ante semanas, meses, que van a ser muy duros”, al rechazar su intervención Pedro Sánchez, quien abandonó el pleno nada más intervenir Illa sin escuchar la opinión de los grupos de la oposición, hecho muy criticado por el resto de formaciones.
Los diputados, finalmente, aprobaron con 194 votos a favor (PSOE, Unidas, Ciudadanos, Más País, Compromís, PNV, BNG, CC, NC, el PRC, Teruel Existe y PDeCAT) frente a 53 en contra (Vox y Foro) y 99 abstenciones (PP, UPN, JxCat, Bildu y CUP) una prórroga de más de seis meses sin control parlamentario, puesto que el Ejecutivo solo aceptó comparecer cada dos meses -en la persona del presidente del Gobierno- pero sin que haya votación. Además, se establece que, tras cuatro meses de prórroga (el 9 de marzo), la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, pueda decidir, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos y sociales, si lo levanta o lo mantiene hasta el 9 de mayo.
El PP pidió limitar esta figura a 8 semanas y apostó por una reforma de la Ley de Salud, a lo que se negó el Ejecutivo para mantener el estado de alarma. Su líder Pablo Casado dijo que al Ejecutivo “le gusta gobernar a golpe de decreto y sin control legislativo” porque “gobiernan mal”. Un gran número de juristas también rechazaron el estado de alarma de Sánchez por desproporcionado.
Igual que políticos Argentinos, miente, miente que algo quedará, que pena