El Congreso de los Diputados convalidó el pasado 30 de marzo, con 179 votos a favor, el Real Decreto-ley 2/2023, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones y se aprobó su tramitación como Proyecto de Ley. Esta norma, según el Gobierno, culmina el proceso de modernización del sistema de pensiones.
Durante su discurso, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, subrayó que “elimina la incertidumbre de los pensionistas presentes y futuros y, además, pone el foco en mejorar las condiciones de algunos colectivos, como las mujeres, los trabajadores autónomos, los pensionistas más vulnerables, los trabajadores con carreras irregulares o los jóvenes”.
El PP criticó que la reforma no sea el resultado de un gran consenso entre las formaciones políticas, patronal y sindicatos. Destacó que informes técnicos independientes como los de la AIReF, el Banco de España, FEDEA, BBVA o el Financial Times recogen que los números de la reforma no cuadran y aboga por escuchar a la UE porque “no podemos dejar hipotecas a las generaciones futuras”, afirmó su vicesecretario de Economía, Juan Bravo. “Miente el ministro. Esta reforma no garantiza la sostenibilidad y no ha habido ningún diálogo social. No jueguen con los pensionistas”, añadió el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Jaime De Olano.
