El Pleno del Congreso aprobó el pasado 25 de junio la ley de transferencia de la AP-9 a Galicia, con los votos en contra de PP y Vox, que ahora continuará su tramitación en el Senado hasta que el traspaso pueda negociarse en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central.
La norma surge originalmente del Parlamento de Galicia con una propuesta unánime de todos los partidos, aunque PSOE, BNG y Sumar la modificaron hace unas semanas incorporando en su pacto no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia, lo que ha generado una fuerte controversia política.
La polémica reside en que la Xunta de Galicia y el PP consideran que esta nueva ley no respeta la literalidad de la norma consensuada en el Parlamento gallego. Los populares han intentado revertir esta situación mediante enmiendas que finalmente han sido rechazadas por la mayoría conformada por el PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios.
Durante el debate en el Pleno, PSOE, Sumar y BNG celebraron la aprobación de esta “reivindicación histórica” y las dos últimas fuerzas coincidieron en reclamar que la AP-9 pueda ser “libre de peajes”.
Según lo aprobado, la Xunta debería asumir a su cargo todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso, respecto a la sociedad concesionaria de la autopista.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insistió ese mismo día en que el acuerdo aprobado en el Congreso es “inaceptable” porque no implica financiación y va en sentido contrario a lo pactado por los partidos en el Parlamento gallego. Rueda avanzó que el PP tratará de enmendar el texto de la ley en el Senado. En declaraciones a los medios, el presidente gallego calificó como “sorprendente” que “los mismos partidos” que votaron por unanimidad el acuerdo en la Cámara autonómica ahora voten “todo lo contrario”. Afeó a socialistas y nacionalistas que hayan rechazado las enmiendas del PP, votando en el mismo sentido que Vox.
“Siempre hablan de que no hay que votar las cosas con Vox, pues ahora Vox, el PSOE y el BNG han votado en el Congreso en contra de un acuerdo del Parlamento de Galicia”, constató Rueda. El presidente gallego alertó de que existe “un riesgo muy cierto de que se cargue a Galicia hasta con 4.000 millones de euros”. “No tiene ningún sentido, y esto no lo harían con las transferencias a otras comunidades autónomas que todos tenemos en la cabeza”, apostilló.
