El Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado 12 de diciembre a la tramitación, por la vía de urgencia, de la ley de amnistía pactada por el PSOE con los independentistas catalanes para librarles de los delitos relacionados con el proceso soberanista del 1 de octubre de 2017 (1-O). Los 178 votos de PSOE, Sumar y sus aliados de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG permitieron que siga adelante la proposición de Ley Orgánica registrada por los socialistas frente a los 172 votos en contra de PP, Vox, UPN y CC.
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ausentó del debate en la Cámara, así como la mayoría de los ministros, y dejó la defensa de la propuesta al portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, quien dedicó la mayor parte de sus intervenciones a criticar al Partido Popular, al que incluso cargó la responsabilidad del 1-O exculpando a los líderes del procés, por atemorizar a los ciudadanos. López reconoció que es una medida “excepcional pero no inconstitucional y es compatible con el Derecho comunitario”. Así, el PSOE pasó de defender que la amnistía no cabe en la Constitución, como hizo hasta el pasado mes de julio tras las elecciones, a a defender ahora su plena legalidad y su necesidad para recuperar la “concordia”, la “convivencia y una desinflamación del conflicto” con Cataluña.
El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quiso intervenir en el debate y señaló que era la “tarde más triste” del Congreso desde el golpe de Estado fallido del general Tejero el 23 de febrero de 1981. El presidente del PP reiteró además la acusación a Pedro Sánchez de corrupción política por servirse de la amnistía para ser presidente del Gobierno.
Un referéndum
Por su parte, tanto Junts como ERC avanzaron el próximo paso en su estrategia: un referéndum de independencia. Posteriormente, en el debate sobre las comisiones de investigación en el Congreso, que aprobaron el PSOE y sus socios, Junts cargó contra los jueces del 1-O, citando sus nombres. Su portavoz Miriam Nogueras cargó directamente contra ellos con expresiones como “togados franquistas” o “personajes indecentes que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato” tras citar el nombre de más de media docena de magistrados.
Pidió llevarles ante la justicia en el debate sobre las comisiones del ‘lawfare’ (que abordarán el espionaje a líderes catalanes, la ‘operación Cataluña’ y las actuaciones del Gobierno del PP en una supuesta trama parapolicial y el trabajo del CNI en los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017). El PP denunció la complicidad del PSOE para abrir una caza de brujas judicial.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, calificó de “inadmisible” el señalamiento a los jueces en el Parlamento, pidió al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se “deje en paz” a los magistrados y cese el acoso. “Ningún Poder puede ser cómplice de estas campañas”, afirmó Guilarte, mientras el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, suspendió una reunión con Bolaños, tras las descalificaciones.
Además, los jueces avisaron al Congreso ante las comisiones del ‘lawfare’ que no puede “ni admitir citarles” y recordaron que la ley impide a las autoridades políticas “intimarles” o llamarles a comparecer ante su presencia.
Debate en Estrasburgo
La amnistía también se coló en un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo en el que Pedro Sánchez hacía balance de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Allí, el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que permanece huido de la Justicia española tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia, en su condición de eurodiputado, espetó a Sánchez que “si no se aprovechan las oportunidades, las consecuencias no serán agradables”, en un discurso en el que le reprochó que el catalán aún no sea oficial en la UE
Posteriormente, el líder del PP Europeo, Manfred Weber, cargó duramente contra Sánchez, el lawfare, las críticas a los jueces, la amnistía, los acuerdos con Junts o “que permitan que un gobierno español sea supervisado por un cuerpo extraño en Ginebra”. Todo ello tras la defensa de la amnistía por parte del presidente del Gobierno, quien acusó a Weber de ser cómplice con la amenaza de la ultraderecha en una dura réplica que sorprendió en Europa. “Nuestro trabajo es asegurarnos de que se cumplen las normas”, aseguró Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, mientras Feijóo culpó a Sánchez de la inquietud de la UE con España.
Tampoco escaparon de la polémica los actos oficiales por el Día de la Constitución, el 6 de diciembre, por el discurso de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, tras afirmar que la Carta Magna “abre el camino para acercar a los ciudadanos la toma de decisiones”, lo que fue interpretado como un alegato en favor del derecho a decidir.
Protesta en Navarra
Finalmente, cabe señalar que el PSOE pactó con EH Bildu una moción de censura en Pamplona para dar a los herederos de Batasuna la Alcaldía a pesar de que los socialistas navarros se habían comprometido en la campaña electoral -por medio de su candidata, la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz- a no votar al candidato de Bildu. Esta decisión llevó a más de 10.000 personas a manifestarse el pasado 17 de diciembre en las calles de la capital navarra convocados por UPN, PP y Vox.
Reuniones con Puigdemont o Feijóo y ruptura de Podemos y Sumar
El pasado 14 de diciembre, Junts anunció una reunión amplia de Carles Puigdemont con Pedro Sánchez en el extranjero para abordar la situación de Cataluña. El Gobierno, por boca de su presidente, reaccionó diciendo que “no está en agenda”. Sí propuso fechas, sin embargo, para reunirse con Alberto Núñez Feijóo para pactar varios asuntos, que el PP rechazó abordar de manera bilateral y apostó por hacerlo de forma pública y transparente en las Cortes. Inicialmente, el PP dejó en el aire la reunión hasta que Moncloa no le pasara el orden del día como reclamaba. Después, el PP descartó acuerdos con el PSOE por pactar con Bildu y contribuir a su blanqueamiento. Feijóo señaló que este acuerdo “es el pacto más miserable de todos los que ha suscrito Sánchez”.
Los populares también reiteraron sus acusaciones al Gobierno y al PSOE de “asaltar las instituciones” con el nombramiento de su exsecretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, como presidente de la agencia pública de noticias Efe.
Otro frente que se le abrió al Gobierno fue la decisión de Podemos de romper con Sumar tras acusarles de no dejarles intervenir en los plenos y por bloquearles todas sus iniciativas. Los cinco diputados de Podemos se pasaron al Grupo Mixto y serán claves para Sánchez en la aprobación de las diferentes iniciativas, por lo que le instaron a negociar a partir de ahora directamente con ellos. Finalizando con Podemos, la formación anunció que la exministra Irene Montero será su candidata en las elecciones europeas del próximo mes de junio.
