El Congreso aprueba la amnistía para las personas relacionadas con el proceso soberanista catalán

La oposición critica a Sánchez por sacarla adelante, al contrario de lo que prometió, sólo para seguir en el poder

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

El Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía el pasado 30 de mayo con 177 votos a favor (120 del PSOE, 27 de Sumar, 7 de ERC, 7 de Junts, 6 de Bildu, 5 del PNV, 3 de Podemos, 1 del BNG y 1 del exministro José Luis Ábalos ahora en el Grupo Mixto) y 172 en contra (137 del PP, 33 de Vox, 1 de CC y 1 de UPN). Así salía adelante definitivamente la proposición de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, una iniciativa pactada por el PSOE con Junts y ERC y que permitió hace seis meses la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.

En un día calificado de “histórico” por las fuerzas políticas independentistas y de izquierdas, el PP, Vox y UPN se opusieron firmemente a esta norma y acusaron a Sánchez de sacarla adelante sólo por los votos que necesita para mantenerse en el poder, en contra de lo que prometió antes de las elecciones generales del 23 de julio del año pasado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señaló que con esta medida se “hace efectivo el intercambio de poder a cambio de privilegios y impunidad”. “Si alguien cogiese fondos del Estado -explicó- y se los diese a una serie de políticos a cambio de hacerle presidente, todos diríamos que eso es corrupción. Pero si Sánchez cambia la ley al dictado de quien la infringe, le borra los delitos a una serie de políticos a cambio de ser presidente, ¿qué es?”. A lo que añadió: “Corrupción política y mentira”. “Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE”, concluyó Feijóo, quien cuatro días antes había encabezado una concentración de protesta contra la norma en la Puerta de Alcalá de Madrid, a la que asistieron decenas de miles de personas (80.000 según los organizadores y 20.000 según la Delegación del Gobierno).

Recurso de comunidades autónomas del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció minutos después de la aprobación que todas las comunidades gobernadas por el PP presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, en una iniciativa nacional coordinada por Núñez Feijóo, que ya avisó que estudia todas las vías para tumbar la ley, incluido el recurso ante el Tribunal Constitucional.

La Ley borra toda responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso independentista catalán durante doce años: desde el 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023. Quedan cubiertos los actos cometidos con la intención de reivindicar o promover la secesión de Cataluña o celebrar las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017 -incluida la malversación, los atentados contra la autoridad, los desórdenes públicos y el denominado terrorismo de baja intensidad- y las acciones policiales dirigidas a dificultar o impedir esos delitos y faltas vinculados al ‘procés’.

No serán amnistiados los actos que puedan ser calificados como terrorismo según la legislación europea y que hayan causado “de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”; y los delitos de malversación cuando afecten a intereses financieros de la UE; y los delitos de traición.

Publicación en el BOE

La Ley de Amnistía establece que una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado -algo que no se ha producido todavía- se levantarán de inmediato medidas cautelares y órdenes de detención, y los jueces dispondrán de dos meses para aplicarla a cada caso concreto pero los plazos pueden ser más inciertos.

Los magistrados que tengan causas del ‘procés’ entre manos, con el Tribunal Supremo a la cabeza, pueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si consideran que la ley puede colisionar con el derecho comunitario, y el proceso en cuestión quedará en suspenso a la espera de respuesta.

De hecho, un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que la norma es inconstitucional y que la amnistía de delitos de terrorismo y malversación podría vulnerar la legislación europea, por lo que augura problemas y dificultades en su aplicación.

La fortaleza del Ejecutivo, en cuestión

A pesar de la aprobación de la Ley de Amnistía, se mantiene la debilidad del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar en la legislatura. Y quizá se agrava, incluso, porque Junts no se comprometió a nada más que la investidura y ya ha logrado su principal objetivo con la amnistía. La portavoz de esa formación, Miriam Nogueras, aseguró en el debate en el Congresoo de los Diputados que “esta ley no es perdón ni clemencia”. “Hoy no se perdona, hoy se gana una batalla”, “es un día de victoria”, indicó, en términos muy parecidos al portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Ambos afirmaron que se trataba de la “derrota del régime del 78”, en referencia a la Transición española, y coincidieron en recalcar que esto no ha acabado y que ahora exigirán un referéndum de independencia para Cataluña, además de reclamar que las fuerzas soberanistas gobiernen allí, dejándoles paso el PSOE con la retirada de Salvador Illa como candidato.

Pero eso no es todo, porque una semana antes de la aprobación, el PSOE perdió la votación en el Congreso sobre la ley contra el proxenetismo y se vio obligado a retirar la ley del suelo porque iba a correr la misma suerte, ya que hasta su socio de gobierno, Sumar, se posicionó en contra de ambas y también mostró su rechazo respecto al acuerdo con Ucrania.

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