El pasado 2 de junio, el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, abandonó España, tras tratado de Covid-19 en el hospital de Logroño, en dirección a Argelia. La Audiencia Nacional le interrogó previamente ante unas acusaciones de delito pero no vio indicios de ello y le dejó libre.
La acogida de este activista fue la excusa que dio Marruecos al conflicto diplomático sin precedentes provocado por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta con la aquiescencia del régimen alauita. De hecho, Rabat desligó el pulso de la tensión migratoria y lo vinculó con la posición española sobre el Sáhara Occidental que podría dañar sus intereses de apoderarse de ese territorio. E incluso amenazó a España con dejar de colaborar en la lucha contra el yihadismo y la inmigración irregular.
El apoyo de Estados Unidos, por medio de la Administración de Donald Trump, que firmó una declaración en la que reconoce la soberanía del Sáhara al Reino alauita hizo al monarca del país, Mohamed VI, y a su Gobierno sentirse fuertes para retar a España.
Por su parte, el Ejecutivo español, aseguró que su posición sobre el Sáhara no ha cambiado y que Rabat no debe supeditar a este territorio toda la relación bilateral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tachó de inaceptable el asalto a las fronteras por dicrepancias en política exterior y recibió el respaldo de la Unión Europea en la defensa de su integridad. Las relaciones entre ambas naciones se han roto y no se vislumbra una solución próxima.
