El complemento a mínimos alivia el drama social de los retornados por el impago de las pensiones de Venezuela

La grave situación política y económica que atraviesa Venezuela ha disparado el número de los españoles retornados de este país. Los procedentes de allí fueron, con mucho, el colectivo más numeroso entre los españoles que regresaron a España el año pasado. Del total de los 83.728 españoles que volvieron a nuestro país en 2018 (de los que solo 31.438 habían nacido en España: el resto eran personas con nacionalidad española no nacidas en España, es decir, básicamente hijos de españoles), 18.132 vinieron de Venezuela, lo que supone más de uno de cada cinco, según la Estadística de Migraciones (EM) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Después de Venezuela, los países desde los que llegaron más retornados fueron Ecuador (6.399, el 7,64%) y Reino Unido (5,.465, el 6,52%).

Este considerable aumento del retorno de Venezuela hay que situarlo dentro del enorme éxodo de venezolanos que se viene produciendo en los últimos años, a medida que la situación en Venezuela se agrava cada vez más. A 1 de enero de este año había ya prácticamente 134.000 venezolanos en España, un 47% más que un año antes.

Pero la situación de muchos de estos españoles retornados de Venezuela tampoco es buena en España, especialmente la de los pensionistas y jubilados a los que Caracas dejó de pagar -sin explicación ninguna- su pensión en diciembre de 2015 y que no tenían otros ingresos o tenían solo los de su exigua pensión española en el caso de que hubieran llegado a cotizar aquí antes de emigrar a Venezuela. En este sentido, el pago por la Seguridad Social desde enero de este año del complemento a mínimos por residencia a 4.827 pensionistas y jubilados de Venezuela en España a los que les había sido retirado en enero de 2016 ha venido a paliar la grave situación económica y social de estas personas.

Convenio Bilateral

Por el complemento a mínimos por residencia, contemplado en el Convenio Bilateral de Seguridad Social firmado por España y Venezuela en 1998 y en vigor desde 1999, la Seguridad Social española paga a estos pensionistas la diferencia que haya entre la suma de sus pensiones española y venezolana (si disfrutan de las dos) y la pensión mínima en España, que en 2019 es de 835 euros al mes si se tiene cónyuge a cargo.

Este complemento les había sido retirado porque, con el tipo de cambio fijo (el dólar diez) existente hasta hace poco entre el bolívar soberano (como se llama ahora la moneda) y el dólar/euro, y con la inflación disparada en Venezuela (2018 se cerró con un 4.000%), las pensiones (impagadas, en cualquier caso) llegaron a tener un importe teórico de más de 20.000 euros al año, muy por encima, por supuesto, de la cuantía de la pensión mínma en España. Por lo mismo, también se les negó durante tres años el acceso a una pensión no contributiva o asistencial, aunque algunos pensionistas consiguieron el complemento a mínimos o algún tipo de pensión vía judicial, al reconocer los jueces lo que no reconocía la Administración: que los pensionistas no cobraban realmente la pensión venezolana, cualquiera que fuese su montante nominal, y que no se vive de pensiones reconocidas, sino abonadas. En todo caso, como explica Pedro Manuel Ontiveros, presidente de la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España (Fapejuves) y de la agrupación de Madrid, los afectados nunca hubieran llegado a cobrar esos 20.000 euros, porque “la Providencia Administrativa Nº 19 de Venezuela establecía que el monto máximo que podía cobrar un pensionista del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en el exterior era de 2.000 dólares, equivalente a unos 1.620 euros, independientemente de lo que se disparase el control de cambio”.

En enero del año pasado, el Gobierno de Venezuela estableció un nuevo tipo de cambio flotante por medio de subasta diarias -el llamado DICOM-, que supuso que el montante de su pensón se redujera bruscamente de los 1.360 euros que cobraron en el último pago efectivo, correspondiente a diciembre de 2015, a apenas 6 euros. El Banco de España aceptó el nuevo tipo en agosto, por lo que ya no había razón para seguir negando el complemento a mínimos a los pensionistas que, sumadas la pensión venezolana y la española, no alcanzaban el importe de la pensión mínima en España.

Caracas había pagado sus pensiones con prontitud y regularidad hasta 2015, pero en agosto de ese año dejó de hacerlo a los jubilados que cobraban del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), adscrito al Ministerio de Finanzas y conocido antes como Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), al ​ inutilizar la aplicación informática mediante la que tenían que solicitar su pensión, y unos meses después, en diciembre, también a los pensionistas que cobraban del IVSS, a los que se les pagaba por el Banco Santander. Esto significa que hasta este mes de julio son ya 52 los pagos sin abonarse a los pensionistas y 56 a los jubilados.

9.600 afectados

Según datos de la Fapejuves, los damnificados en España son actualmente unos 9.600, el 85% pensionistas y el resto jubilados. La mayoría reside en Canarias (más de 4.000), Galicia (más de 3.000), Asturias, Cataluña y Madrid. En todo el mundo hay unos 16.700, porque Venezuela también tiene firmados convenios semejantes en materia de Seguridad Social con otros cinco países: Italia, Portugal, Chile, Uruguay y Ecuador. Caracas dejó de pagar las pensiones a todos los venezolanos en el exterior.

Con todo, es difícil cuantificar el número exacto de afectados, porque los Consulados han dejado de ofrecer cifras oficiales. “Por activa y por pasiva le hemos solicitado al Consulado de Venezuela en Vigo que nos diera la cifra de los retornados asturianos que tienen ellos, pero es imposible. La última vez que nos la dijeron fue hace dos o tres años: entre Galicia y Asturias había aproximadamente unos 4.000 retornados. Hoy será algo mayor porque últimamente ha habido una tasa alta de retorno de gallegos”, señala Sergio Primiani, presidente de la Asociación de los Pensionistas Retornados de Venezuela (Asopeve) en Asturias. Por su parte, María Fernanda Ruiz, presidenta de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg), apunta: “Mucha gente ya no va ni a hacer la fe de vida para que le manden la pensión. La haces en 2016 y no te llega. La haces en 2017 y tampoco te llega. La haces en 2018 y sigue sin llegarte. Pues en 2019 ya no la haces. Perdimos la esperanza. Y en el propio Consulado aquí en Vigo no te hacen una carta, no te sellan, sino que te dicen: ‘Déjame la copia del DNI y te puedes ir’. No hay un control estricto”. Y Manuel Pérez, presidente de la Asociación Amigos de Venezuela en Vigo y de la Federación de Venezolanos en Galicia (Fevega), señala: “El 99% de las personas que están aquí, por no decir el 100%, son opositores al régimen dictatorial de Venezuela. Entonces, nuestra relación con el Consulado es casi nula”.

El Gobierno venezolano no les ha dado nunca una explicación oficial sobre el impago de las pensiones, a pesar de habérsela requerido muchas veces. “Es un gobierno dictatorial y como tal no da explicaciones a nadie, hace lo que quiere y ya está”, tercia Mary Fernández, encargada del grupo de pensionados y jubilados de Venezuela en Canarias de la Unión Canario-Venezolana (UCVE).

En noviembre de 2017, el presidente Nicolás Maduro fue entrevistado por el periodista Jordi Évole en el programa ‘Salvados’, de la cadena española de televisión La Sexta, y explicó que su Gobierno no pagaba las pensiones porque había habido “una bajada abrupta y dramática de los ingresos en divisas del país” y habían “tenido que reconfigurar el presupuesto exterior”, pero que se comprometía a resolver el asunto ese mes de diciembre, lo que, evidentemente, no sucedió.

“Eso fue una burla más, como todas las del Gobierno de Venezuela, porque mienten descaradamente”, afirma María Fernanda. “Casi nadie se lo creyó. Algún pensionado inocente o con esperanza nos llamaba y nos decía: ‘Miren, que el presidente dijo…’. Y nosotros les contestábamos: ‘El presidente dice tantas cosas…”.

El impago de las pensiones ha provocado un auténtico drama social en el colectivo, que en su inmensa mayoría no tenía otro ingreso y se ha visto obligado a vivir de las ayudas de instituciones benéficas como el Banco de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja, así como de sus hijos, que también atraviesan una difícil situación económica fruto de su propio proceso migratorio. “Se han pasado mil y una penalidades”, subraya Mary Fernández, como demandas de los bancos, desahucios, depresiones profundas, accidentes cerebrovasculares o ictus sobrevenidos e incluso muertes. “Uno de los pensionados murió porque se echó a morir de la tristeza”, apunta María Fernanda. Todos pensaban que venían a España a disfrutar de su jubilación y llevan años subsistiendo como pueden.

Los mayores ingresados en residencias llegaron a temer que los echaran. “No los podían echar, pero les mandaban cartas exigiéndoles el pago, porque cobran un porcentaje de la pensión. Lo resolvimos con la Xunta de Galicia, que nos dijo que hiciéramos caso omiso, que era solo un procedimiento administrativo, pero la gente se angustiaba”, explica la presidenta de la Apejuveg.

Fue entonces cuando los afectados decidieron unir esfuerzos para luchar juntos, dando lugar a las asociaciones de pensionistas y jubilados de Venezuela en España, distribuidas por todo el país y agrupadas en una federación estatal, la Fapejuves, desde noviembre de 2016, cuando se firmó la ‘Declaración de Madrid’, hoja de ruta del colectivo. La Federación integra a nueve asociaciones de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco (donde están también los afectados de Cantabria, La Rioja y Navarra, dependientes todos del Consulado de Bilbao) y Valencia.

Las asociaciones comenzaron a realizar movilizaciones de todo tipo para denunciar su situación, presionar a Caracas a pagar y demandar de las Administraciones españolas medidas paliativas, como la devolución del complemento a mínimos y el acceso a pensiones no contributivas y ayudas asistenciales de los ayuntamientos. Se multiplicaron así las manifestaciones públicas y las entrevistas con las autoridades. Paralelamente se asesoró y respaldó a los afectados que decidieron acudir a la Justicia para solicitar el complemento a mínimos o una pensión no contributiva, celebrándose cientos de juicios. También se recurrió a los principales organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Parlamento Latino y el Parlamento Europeo.

En abril de 2018, la Fapejuves le envió una carta a Maduro que no les fue contestada y de la que, siguiéndola a través de internet, han descubierto que “todavía está en tránsito después de un año y pico”, según explica Primiani. “Cambien lo de ‘en tránsito’ y pongan mejor ‘rechazada’ o ‘no entregada’, porque eso de ‘en tránsito’ no se lo cree nadie”.

Los pensionistas no esperan ya nada de Maduro, y ponen sus esperanzas en un hipotético nuevo Gobierno del líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido por España y otros 18 países europeos como presidente encargado de Venezuela. “La única solución para que podamos resolver nuestro problema y los problemas de Venezuela en general es que haya un cambio de gobierno en tres pasos: sustitución del gobierno usurpador de Maduro; constitución de un gobierno de transición; y llamado a elecciones generales”, afirma Ontiveros.

Carta a Guaidó

En enero, la Federación le hizo llegar a Guaidó una carta a través de su representante diplomático ante España, Antonio Ecarri, denunciando la situación y reclamándole una serie de medidas concretas. “Quedó muy receptivo, pero claro, mientras no tenga el coatrol en Venezuela, es papel mojado”, lamenta la presidenta de la pensionistas de Galicia. Por cierto que la comunidad venezolana quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez reconozca a Ecarri como embajador de Venezuela en España y no solo como “representante personal” de Guaidó. “Eso ayudaría a toda la comunidad venezolana”, señala Pérez.

Los pensionistas siguen reclamando a Caracas una pronta resolución del problema, incorporados ahora “a las manifestaciones de protesta que se organizan por la diáspora venezolana en España por los problemas generales del país, que incluyen el tema de la pensión como un problema grave dentro de los derechos humanos, porque el derecho a la pensión es un derecho constitucional en Venezuela”, enfatiza Ontiveros.

Los pensionistas reclaman una reunión con Venezuela a tres bandas y una bolsa de trabajo para mayores de 65 años

Aunque el Gobierno venezolano es el único responsable del incumplimiento del Convenio Bilateral de Seguridad Social entre España y Venezuela, los pensionistas de Venezuela en nuestro país insisten a la Administración española para que no deje de recordar a la venezolana sus obligaciones en este sentido. “Queremos que el Gobierno español fuerce al venezolano a una reunión y nos sentemos en una mesa la Seguridad Social española, el Seguro Social venezolano y la Federación de Pensionados, a ver cómo podemos arreglar el pago de esta deuda, porque son muchos millones. Seguramente habrá que negociar y perder una parte, pero es preferible perder una parte a perderlo todo”, afirma el presidente de la Asociación de los Pensionistas Retornados de Venezuela en Asturias, Sergio Primiani.

Los pensionistas retornados de Venezuela tienen también otra petición -mejor, propuesta- para el Gobierno español: “Pedimos que a las personas de más de 65 años con una experiencia profesional de ingenieros, médicos, psicólogos, sociólogos, etc., les permitan hacer algún tipo de trabajo”, señala Pedro Manuel Ontiveros, presidente de la Fapejuves. “No queremos ser una carga para el Gobierno español, sino prestar nuestra contribución. Queremos que se tome en consideración la posibilidad de establecer programas donde el venezolano se comprometa a prestar una ayuda real y reciba algún tipo de prestación, una especie de fondo humanitario en el que pueda prestar una contraprestación; una especie de bolsa de trabajo para poder cumplir una función laboral y no ser una carga. A lo mejor no podemos trabajar ocho horas diarias, pero sí tres o cuatro, o participar en los programas sociales que tienen las comunidades autónomas”. (Ontiveros). Esto les permitiría completar el tiempo de cotización en España que la ley exige para poder optar a una pensión contributiva.

Las ayudas asistenciales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos han contribuido a mejorar la situación

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos están conribuyendo con ayudas asistenciales a paliar la grave situación padecida por los españoles retornados de Venezuela debido al impago de sus pensiones contributivas labradas allá. En este sentido, es de destacar el esfuerzo de Canarias, Galicia o Asturias, comunidades con un mayor número de afectados. En Galicia, la Xunta destina este año 1,2 millones de euros dentro de un plan para animar el retorno hasta 2020 de 20.000 gallegos del exterior. El objetivo es que seis de cada diez sean menores de 45 años. A la ya conocida ayuda al emigrante retornado, consistente en un pago único anual de más de mil euros (fluctúa dependiendo de una serie de factores), se suma este año otra de mil euros por hijo hasta el segundo y 1.500 a partir del tercero. También existe una ayuda para el retornado emprendedor, pero hay que montar el negocio primero. Los menores de 65 años también pueden pedir la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA). Los ayuntamientos tienen algunas ayudas puntuales, pero en algunos casos, como en Vigo, se exige estar empadronado desde tres años antes.

“Al que quiere retornar, España le tiende una mano, y la Comunidad gallega, dos. Son bastante solidarios, no me puedo quejar”, afirma María Fernanda Ruiz, presidenta de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg). “Retorné con mis padres y este país me ha recibido con los brazos abiertos. Mi hija estudió aquí con becas, como todo el mundo. Claro, hay que cumplir con las normas del país, pero tienes sanidad, educación, becas, discapacidad reconocida a los mayores… Existen cosas que hay que mejorar, pero también hay que reconocer que España es un país donde como español retornas y tienes mucha ayuda, y Galicia yo diría que es una de las comunidades pioneras en esto. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por ayudar a los gallegos retornados”.

En Asturias, la Asociación de los Pensionistas Retornados de Venezuela (Asopeve) consiguió el acceso del colectivo desde febrero de 2017 al Salario Social Básico concedido por el Principado y a otras ayudas de los ayuntamientos. Para ello tuvieron que demostrar que Venezuela no les pagaba la pensión, y lo solucionaron enviando cada uno de los afectados “una carta al Consulado de Venezuela en Vigo reclamando el pago de la pensión, y con eso quedaba demostrado que los pensionistas habían iniciado una acción de reclamo. Y la gente fue recuperando poco a poco”, explica Sergio Primiani, presidente de la agrupación. “Antes, cuando un pensionista retornado venezolano iba al Ayuntamiento a solicitar una ayuda, automáticamente le era denegada porque figuraba que cobraba una pensión de veinte mil euros al año”.

En Canarias aconteció otro tanto, según explica Mary Fernández, encargada del grupo de pensionados y jubilados de Venezuela en Canarias de la Unión Canario-Venezolana (UCVE). “Nos tocó recorrer todas las instituciones que hay en la Comunidad, empezando por la FECAM [Federación Canaria de Municipios], para que cayeran en conciencia de que las estábamos pasando muy infelices y que necesitábamos ayuda de alguna índole, porque en ese momento no se podía ni siquiera acceder a la ayuda de los trabajadores sociales. Estaba contemplada la ayuda para los retornados canarios y la RAI (Renta Activa de Inserción) a nivel estatal, pero no las ayudas puntuales. Y unos meses después empezó a moverse esto a través de los trabajadores sociales: ayudas de alimentos y más tarde de pago de alquiler, luz y agua, de arreglos dentales, de cambios de gafas… Poco a poco hemos ido logrando que se trate a los canarios retornados como canarios que son y tengan los mismos beneficios que los canarios que nunca salieron de aquí. El Gobierno canario concede también la PCI [Pensión Canaria de Inserción] a personas en situación de desamparo que no han llegado a los 65 años y no pueden acceder a la pensión no contributiva o la ayuda por ancianidad, pero tardan mucho en concederla, porque hay muy pocos trabajadores sociales que la tramitan”.

Mary Fernández formula una queja sobre la actitud de algunos trabajadores sociales en Canarias que tal vez pueda extenderse a otras partes de España: “Hay trabajadores sociales excelentes, pero otros son bastante déspotas, y hay muchísima xenofobia con el canario retornado. Es algo que hablé a su debido tiempo con sus superiores y hemos presentado innumerables quejas con nombre y apellido del trabajador. Porque el canario retornado tiene los mismos derechos que el que no ha salido nunca de aquí; es igualmente canario. Me parece muy importante que se cree conciencia a nivel gubernamental, dando ciertos cursos de humanidad a los trabajadores sociales”.

A estas ayudas hay que sumar la pensión asistencial por ancianidad a los españoles retornados de Venezuela reconocida por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Estado Migraciones, en septiembre del año pasado, hasta que cumplan los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas que gestionan las comunidades autónomas, entre ellos tener 10 años de residencia en nuestro país, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.

La medida beneficia a unos 300 españoles retornados de Venezuela, que comenzaron a recibir la prestación asistencial antes del final del año con efectos retroactivos desde principios del mismo. El Ministerio calculaba un coste cercano a los 1,5 millones de euros.